Apropósito del Congreso Bienal Mundial de Derecho de la Asociación Mundial de Juristas (“AMJ») llevado a cabo en Barranquilla, conviene revisar detalladamente el “Rule of Law Index” (índice del Estado de Derecho) del Proyecto Mundial de Justicia (“PMJ»). El PMJ define el Estado de Derecho, mediante el engranaje de cuatro principios universales, que forman un sistema permanente de leyes, instituciones, normas y compromisos de la comunidad. Primero, responsabilidad; es decir, que el gobierno y las personas son responsables bajo las leyes. Segundo, ley justa; implica que la ley debe ser clara, publicitada, estable y de aplicación uniforme y garantía de los derechos humanos, así como de los derechos de propiedad, contractuales y procesales. Tercero, gobierno abierto y transparente; significa que los procesos mediante los cuales se adopta, administra, adjudica y aplica la ley son accesibles, justos y eficientes. Finalmente, justicia imparcial y accesible; ello supone que la justicia es impartida oportunamente por representantes neutrales, competentes, éticos e independientes que son accesibles, tienen los recursos adecuados y reflejan la composición de las comunidades a las que sirven. Estos principios se desarrollan de manera completa y comprensiva en ocho factores: restricciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto y transparente, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de la normativa, justicia civil y justicia penal. El índice se construyó en 139 países a través de encuestas y oscila entre 0 y 1. Un índice cercano a 1 muestra un mayor cumplimiento de los factores que comprenden el Estado de Derecho. La conclusión del índice de 2021 es que el Estado de Derecho sufrió a nivel mundial un deterioro importante y preocupante durante la pandemia. De hecho, se encontró que el 74% de los países, de todas las regiones y niveles de desarrollo, disminuyeron su índice general y empeoraron en todos los factores, excepto en orden y seguridad. Las áreas particularmente críticas fueron la disminución en las limitaciones a los poderes gubernamentales, la libertad de asociación y participación civil, la demora en la administración de justicia y la discriminación. Colombia está en el puesto 86, con un índice de 0,49, es decir, de media tabla para abajo. Respecto al desempeño por cada factor tenemos lo siguiente (índice/puesto): restricciones a los poderes del gobierno (0,53/72), ausencia de corrupción (0,39/101), gobierno abierto y transparente (0,62/35), derechos fundamentales (0,51/87), orden y seguridad (0,56/126), aplicación de la normativa (0,52/62), justicia civil (0,47/91) y justicia penal (0,32/119). Estos resultados señalan un buen desempeño en gobierno abierto y transparente y un desempeño pobre en orden y seguridad, corrupción y justicia criminal, factores en los que debemos mejorar. El índice es un espejo de la situación del país, pero a su vez es una hoja de ruta que nos ayudará a tomar decisiones. El Estado de Derecho, es decir, los poderes públicos sometidos a la ley, genera estabilidad, prosperidad, desarrollo, bienestar y felicidad para los países y sus ciudadanos. Por eso es importante tomar los correctivos pertinentes para la permanente conservación y fortalecimiento del Estado de Derecho, lo cual es un deber de todos.
