Las 33 autoridades representantes de los territorios ancestrales del Huila, que agrupan a los pueblos originarios Nasa, Misak, Yanakuna, Embera Chamí, Pijao, Inga, Andaquíes y Tama Páez, alzaron su voz de protesta y dolor ante el reciente asesinato de Emanuel Oca Cuspian, dinamizador pedagógico y guardia indígena del resguardo de Llano Buco de Nátaga, perteneciente al pueblo Nasa.
La Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) emitió un comunicado en el que expresaron su rechazo total y profundo ante este hecho perpetrado por grupos armados ilegales.
El asesinato ocurrió en la madrugada del 5 de noviembre en el municipio de Inzá, Cauca, y ha generado un profundo impacto en la comunidad indígena y en la familia de Manuel Oca, también dinamizador de la Institución Educativa Yu’Luux Pishau, sede Peñón de Tálaga, municipio de La Plata, Huila. La CRIHU señala que estos actos de violencia no solo afectan a los individuos y sus familias, sino que contribuyen a la desarmonía general en los territorios ancestrales y ponen en peligro la seguridad y cohesión de estas comunidades.
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Ante estos hechos, el movimiento indígena ha realizado un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las entidades internacionales para que tomen medidas inmediatas que garanticen la protección de la vida y la integridad física de los comuneros y comuneras. “Los grupos armados ilegales continúan desarmonizando nuestros territorios, los espacios de vida, los espacios socioeconómicos culturales, generando actos violentos y criminales entre los que podemos señalar los homicidios, extorsiones, reclutamiento y desplazamiento de nuestra comunidad”, afirma el comunicado.
El CRIHU enfatiza que estos actos vulneran de manera directa la dignidad de los pueblos originarios, trasgrediendo el tejido familiar y comunitario, y atentando contra el derecho fundamental a la vida, un derecho considerado sagrado e inalienable. Las comunidades también expresaron su profunda condena a la pasividad de las instituciones estatales frente a la violencia que asola sus territorios, lo cual consideran un incumplimiento de la protección constitucional que merecen.
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