La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela presentó este martes su tercer informe anual, el cual se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al dictador Nicolás Maduro, y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar.
Allí los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron actos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno para reprimir a la disidencia”, que fue “orquestado” por el dictador.
Se reveló además la existencia de al menos 17 casas que funcionan como centros clandestinos de torturas de la mencionada DGCIM. Las personas detenidas fueron mantenidas durante horas o días en “casas de seguridad” antes de ser llevadas a Boleíta en Caracas. La DGCIM ha utilizado estas instalaciones, al menos, desde agosto de 2017, cuando se registró el primer caso, consignó el medio Monitoreamos.
“Las personas detenidas en centros de detención secretos fueron sometidas a actos de tortura incluyendo violencia sexual. Las mujeres que eran llevadas a casas de seguridad fueron agredidas sexualmente y/o torturadas con asfixia, golpes y descargas eléctricas. Los varones y los objetivos militares recibieron descargas eléctricas en el cuerpo, fueron asfixiados, desvestidos y retenidos desnudos, amenazados de muerte, violados y mutilados genitalmente, y golpeados”, denunció Naciones Unidas.
Detalló que estas “casas de seguridad” son administradas por Alexánder Enrique Granko Arteaga, el director de Asuntos Especiales de la DGCIM. La mayoría de estas viviendas pertenecían a presuntos narcotraficantes o familias acomodadas, y fueron incautadas por los organismos gubernamentales. Según el reporte los organismos de inteligencia del Estado civil y militar de Venezuela funcionan como estructuras bien coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”.
Finalmente, se pudo documentar 122 casos de víctimas que fueron sometidas a “tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por agentes del DGCIM. Estos casos de torturas se llevaron a cabo en la sede del organismo de inteligencia en Boleíta (Caracas), “y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”. El SEBIN, por su parte, perpetró actos de tortura y maltrato contra detenidos -entre ellos políticos opositores, periodistas, manifestantes y activistas por los derechos humanos- principalmente en el centro de detención de El Helicoide, en Caracas.
