La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entrego un informe aprobado este domingo durante su 78 Asamblea General de los tres asesinatos de periodistas que se han producido en Colombia, así como la agresividad y los «gestos de hostilidad» que hubo hacia la prensa durante la campaña electoral.
El 16 de octubre en el municipio de Montelíbano, en la costa Caribe, fue asesinado Rafael Moreno, director del medio digital Voces de Córdoba y había denunciado amenazas por la labor que hacía de denunciar e investigar la corrupción local y los grupos armados ilegales
Este año, el 28 de agosto, también fueron asesinados Leiner Montero y Dilia Contreras en el municipio de Fundación, también en la costa Caribe. Las autoridades investigan este doble crimen que se produjo poco después de que Montero tuviera una discusión en unas fiestas locales que estaba cubriendo con otra persona.
Además, la SIP, en el informe preliminar que debe ser aprobado este domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea, denuncia la «intensa polarización en la fase final de la campaña presidencial» que provocó «gestos de hostilidad contra la prensa».
Desde marzo se produjeron 120 amenazas contra medios y periodistas, 16 incidentes de agresión física, 34 casos de bloqueo al acceso de información, 18 de acoso judicial, uno de violencia sexual, uno de exilio, 29 de hostigamiento y 6 de detenciones ilegales, entre otros, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Tanto la Misión de Observación Electoral (MOE), una ONG independiente, como la FLIP y la Asociación de Medios de Información (AMI) manifestaron en mayo, tras la primera vuelta, su preocupación por la manipulación que había en redes sociales y «el nivel de agresividad contra la prensa en segunda vuelta».
Los mensajes, según la SIP, iban dirigidos a «desprestigiar la labor de la prensa y asociar a un sector de ella con ideologías extremas», lo que podría haber incitado a la violencia contra los profesionales de los medios.
También se hace eco del llamado de atención a los políticos para que respeten la libertad de expresión y prensa y a que muestren «un mayor grado de tolerancia frente a las críticas».
En este sentido, resaltan el caso del periódico El Colombiano de Medellín que ha vivido ataques y «violencia en línea» incitada por el alcalde de la segunda mayor ciudad de Colombia, Daniel Quintero, tras publicar hechos de corrupción en su gestión.
También los «mensajes estigmatizantes y señalamientos irresponsables» de miembros del Gobierno de Gustavo Petro y su partido hacia la revista «Semana», su directora y su equipo.
En el informe también se subraya que 15 medios regionales y locales tuvieron que silenciarse durante el paro armado promovido por el Clan del Golfo tras la extradición de su líder, alias «Otoniel» a Estados Unidos, y las amenazas continuas de este grupo, «dedicado al narcotráfico», para que no contaran lo que estaba sucediendo en los municipios afectados.
La SIP también recoge un año más las trabas de acceso a información de organismos públicos, como la Fiscalía, y el hecho de que varios casos de asesinatos de periodistas han prescrito este año sin lograr ninguna decisión.
