La Unidad para las Víctimas, ha puesto en marcha el proceso de indemnización para más de seis mil familiares y víctimas directas del genocidio contra los miembros de la Unión Patriótica (UP).
Esta acción se realiza en cumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 27 de julio de 2022.
La Comisión para la identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica (UP), instalada por el presidente Gustavo Petro en octubre de 2023, inició oficialmente su labor el 16 de abril. Durante un año, verificará la identidad y el parentesco de las víctimas para proceder con la reparación económica.
Se estima que son 677 víctimas directas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, desplazamiento forzado, amenaza, lesiones, tentativa de homicidio y judicialización infundada. Además, hay 761 víctimas por violaciones a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, y 5.503 víctimas por graves violaciones de los derechos humanos.
Este proceso de reparación representa un reconocimiento a las víctimas por el exterminio, persecución y estigmatización sufridos por este movimiento político desde 1985. Luz Stella Aponte, de la Corporación Reiniciar, expresó que «fueron 30 años de negación del Estado. Ninguna víctima debería ser rechazada, sino abrazada y acompañada en su proceso de reparación y justicia».
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Los recursos para la reparación serán proporcionados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ejecutados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, señaló que este proceso es una «oportunidad histórica para resarcir a las víctimas y avanzar en la reivindicación de sus procesos de vida».
El procedimiento de constatación incluye la presentación de solicitudes, aporte de documentos que establezcan la identidad y relación de parentesco, y un estándar de prueba flexible. La Comisión puede decretar pruebas adicionales y el Estado tiene 60 días para excluir víctimas de los anexos II y III de la sentencia.
Una vez completadas las constataciones, la UARIV procederá al pago de la reparación económica conforme a los parámetros ordenados por la Corte IDH.
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