Por: Gerardo Aldana García
Cientos de estudiantes que aspiran a ingresar a universidades públicas en Bogotá y diferentes ciudades del país, viajaban desde el jueves 18 de abril para asistir a citas de exámenes de admisión convocadas por los claustros para el viernes 19 de del mismo mes. El hijo de un modesto campesino, menor de edad, residente en zona rural de un apartado municipio del Huila, con enorme esfuerzo económico de su familia, viajaba con destino a tal cita en la capital del país; junto con su padre estaban cruzando Fusagasugá, cuando la llamada de su hermana menor desde la casa en la vereda donde reside el joven aspirante a universitario, les informaba sobre la cancelación de la cita que, vía email, a eso de las 4:30 p.m. del jueves en comento, acaba de comunicarle al jovéncito la pretendida universidad. Con evidente ofuscación y aún mayor frustración, se bajaron de la flota para tomar otra que los traería de anticipadamente a su lugar de origen. En Bogotá, según informó el diario El Tiempo en su portal de internet, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca tomó la decisión de cancelar las ceremonias de graduación que estaban programadas para ese viernes 19 de abril. Cientos de colombianos que atenderían compromisos previamente acordados con organismos públicos de orden nacional en Bogotá y el resto del país, padecieron traumas económicos, sociales y seguramente hasta psicológicos cual puede ser el caso de menores de edad esperanzados en aprobar un examen para su futuro.
Lo anterior por cuenta del Decreto No 500 del 18 de Abril de 2024, que ordena el Día Cívico en Colombia, el tercer viernes de cada año. Más allá de las justificaciones que el Presidente Petro ha expuesto, o la legitimidad de la medida, dado que ya se sabe al menos de una demanda sobre el acto administrativo; lo que es evidente, es la asombrosa frescura del máximo mandatario y de sus colaboradores, para expedir de manera intempestiva una medida que traería negativos e indeterminados efectos en la vida nacional. Cualquier ciudadano común y corriente, frente a las afectaciones que produjo el Decreto, se pregunta cómo es que una medida de tal categoría no se publica con la antelación suficiente a fin de garantizar la normalidad en el aparato estatal y su relación con la comunidad. La verdad, al escribir estas líneas, como muchos otros periodistas y ciudadanos ya lo han hecho o manifestado por redes sociales, no se pretende desprestigiar o perseguir las actuaciones del gobierno; pero es evidente que actuaciones como la descrita evidencian una y otra vez la recurrente práctica de improvisación del gobierno nacional para tratar asunto de la vida del país, lo que lleva inexorablemente a considerar que la medida del Día Cívico surge más como un acto populista que con la inspiración de promover progreso o manejo de una crisis energética como lo ha expresado el presidente Petro.
Los colombianos que, en la inmensa mayoría respetamos la democracia, las instituciones y a nuestros gobernantes, sabemos que hay decretos verdaderamente necesarios, ejemplo sobre el estado de sitio o toque de queda, o frente a una emergencia natural; en fin, en situaciones que verdaderamente amenacen la estabilidad y seguridad nacional o salud pública. Pero estoy seguro que este no es el caso que de dio origen a la expedición inoportuna del Decreto 500 de 2024.
Los actos del Estado deben analizarse, decidirse y publicarse con el rigor, disciplina y juicio propios de un mandatario cuyo pensamiento y práctica son los de un estadista. Solo así puede mantenerse la confianza de los ciudadanos en un presidente y su gobierno.
