DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez
Colegios tanto públicos como privados en el departamento del Huila acogerían la ley emitida por el Juzgado Décimo Municipal de Neiva, donde suspendían de manera inmediata la presencialidad. Instituciones privadas pedían que dicha ley no los tuviera en cuenta. Al cierre de esta edición Juzgado declaró improcedente tutela del sindicato de maestros. La ADIH manifiesta que se radicara la impugnación al fallo emitido.
Debido a un fallo emitido por el Juzgado Décimo Municipal con función de control de garantías de Neiva que admitió la acción de tutela que interpuso la Asociación De Institutores del Huila (ADIH), el pasado 14 de Julio del presente año, colegios privados apelaron y manifestaron que ellos cumplían con las garantías para la presencialidad.
Esta acción tomada por el Juzgado competente, ordenó al departamento del Huila y a la ciudad de Neiva a suspender de manera inmediata el retorno a las actividades escolares, sin ninguna diferencia de lo público y privado.
“El juzgado 10 penal municipal, en auto del 14 de julio de 2021, ordena al departamento del Huila, y municipio de Neiva suspender de manera inmediata el retorno de actividades académicas presenciales, sin indicar que esa suspensión es solamente para los públicos, entonces como la orden es general, se debe aplicar general, sin ninguna diferenciación de lo público y lo privado, ya que se debe cumplir con esa orden del juez como se indica textualmente, además el art 7 de la ley 715 de 2001, establece que los municipios certificados deben organizar la prestación del servicio educativo en su jurisdicción territorial, y en ninguno de esos artículos indica que sólo es para el sector público, ya que esa responsabilidad es tanto para el sector privado como para el público”, expresó Giovanny Córdoba Rodríguez, Secretario de Educación de Neiva.
Por ende, tanto la secretaria departamental como la municipal de Educación, acató dicho comunicado por parte del juzgado y ordenó de inmediato la cancelación del retorno a la presencialidad o alternancia, lo cual produjo incertidumbre e interrogantes por parte de profesores, coordinadores y rectores de colegios privados.
Ante este hecho ocurrido, la ADIH señalo que no hace leyes y tampoco determinan su alcance, asumiendo que exclusivamente se limitaron a defender los derechos de la comunidad educativa del sector público en el Huila.
“Nosotros no hacemos las leyes, tampoco somos quienes determinamos su alcance. Nos limitamos a defender los derechos de la comunidad educativa del sector público. La extensión de las normas las determina los legisladores, y en el caso de las decisiones judiciales son los jueces. La aplicación les corresponde a las autoridades locales, departamentales o nacionales según el caso. No podemos responder por los colegios privados que tienen su organización gremial aparte de la ADIH”, dijo Ana Patricia Polanía, presidenta de la ADIH.
Manifiestan también que esta decisión exclusivamente se solicitó para la protección a la comunidad educativa pública “Nosotros solicitamos la protección para la comunidad educativa pública. El juez le dio una consideración universal por extensión del derecho y en ese sentido las secretarías de educación le dieron cumplimiento”, expresó presidenta de la ADIH.
Quejas presentadas
Por otra parte, ante la noticia de que todos los colegios y escuelas sean públicas o privadas esta semana volverían a la escolaridad virtual, y que nuevamente este sea el único método de enseñanza para niños, niñas y jóvenes en el departamento del Huila, se generó un sin número de comentarios y controversia, algunos directivos de entidades escolares privadas manifestaron que contaban con la aceptación y el aval por parte de la Secretaría de Educación desde meses atrás y que incluso cumplen con un riguroso y estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad emitidas por el Ministerio de Salud colombiano y que ahora se encuentran bastante preocupados.
“Nos vemos bastante afectados porque se nos vulnera el derecho a continuar con un proceso que ya habíamos tenido el aval o la aceptación por parte de la Secretaría de Educación desde el mes de febrero donde nos aprueban las modalidades de alternancia, eso implica la presencialidad, además, después de haber pasado por un riguroso proceso de evaluación tanto por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, entonces quitarnos esta opción para nosotros es muy difícil porque a pesar de toda la situación difícil que hemos pasado por la pandemia desde el 2020 los colegios privados hemos invertido económicamente muchísimo en protocolos de bioseguridad, en adecuar y el señalizar toda la planta física entonces esto es para nosotros muy difícil”, sostuvo Silvia Cristina Ruiz, presidenta de la Confederación de colegios católicos (CONACED).
De igual manera, algunos rectores de colegios privados de Neiva, se manifestaron contra esta ley ya que los padres de familia se encuentran en estos momentos ocupados y que muchos de ellos requieren la alternancia, recalcaron que han venido cumpliendo con los protocolos de bioseguridad como deben ser y que no entendían por qué dicha ley emitida el pasado 14 de julio del presente año los acobijaba.
“Realmente esta decisión generó malestar e inconformismo debido a que inicialmente la acción de tutela instaurada por la ADIH era para los colegios y escuelas públicas. En un momento nos pusieron a correr enviando circulares a los padres de familia para suspender la alternancia, ellos bastante molestos porque realmente hay muchas familias que requieren de la alternancia, pues se encuentran laborando y no tienen con quien dejar a sus hijos, además, nosotros siempre hemos sido juiciosos con los protocolos de bioseguridad, nos han visitado de manera periódica los delegados de la secretaría de salud y educación… Desafortunadamente no entendemos porque nos involucraron como educación privada, pues es en el sector oficial en el que conocemos que existen instituciones educativas que no tienen la infraestructura necesaria o los recursos para la implementación de los protocolos de bioseguridad, eso es respetable, no estamos en contra de la lucha que deben dar, lo único que expresábamos de manera respetuosa es que nos permitieran prestar el servicio educativo como lo venimos haciendo pues hemos demostrado que estamos respetando el autocuidado”, sostuvo Diego Andrés Fernández, Director del colegio Rafael Pombo.
Se debe mencionar que dicha situación preocupó a los colegios y escuelas privadas, por el motivo que algunos niños tales como los de preescolar no tienen una edad adecuada para tener clases virtuales y que temen a que sus padres tomen la decisión de retirarlos.
“Hubo una preocupación por los preescolares, porque no son edades adecuadas para tener clases virtuales entonces los padres de familia habían tomado la decisión de más bien no enviar a sus hijos al colegio, y debido a la alternancia se habían retomado estos procesos de nuevo los cuales se venían realizando dentro de todos los protocolos que nos han pedido en especial… Yo pienso que estamos vulnerando el derecho a los menores de edad, ellos ya están en un tiempo en donde la virtualidad no la están aceptando, entonces hemos venido vinculando de manera muy lenta y entonces al verse afectado este proceso, pues es muy difícil, es importante reconocer que los niños que asisten de forma presencial en la modalidad de alternancia son solamente con el debido proceso de consentimiento informado de los padres de familia”, dijo Silvia Cristina Ruiz, presidenta de la CONACED.
Hay que precisar que el día lunes en horas de la tarde junto con más de 10 rectores de colegios privados se reunió el secretario de Educación de Neiva para socializar dicha problemática, expresando que había que acatar dicha ley, ya que, era emitida por un juez y en caso de no ejercerla pasaría a sanción.
Las entidades privadas decidieron realizar un respectivo oficio ante el Juzgado 10º penal municipal en donde solicitaron también ser parte interviniente en el proceso debido a que se vieron afectados directamente, asimismo que escucharan también los argumentos de educación de los colegios privados en Neiva y que no solamente tomaran en cuenta una parte del sector educativo, precisaron también que no habían sido solicitados ante el juez.
Y es así, como el jueves 28 de julio el Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Garantías de Neiva, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la ADIH, con el objetivo de frenar el regreso a clases presenciales.
Esto quiere decir que hasta la fecha según la decisión del Juzgado los estudiantes tanto de colegios públicos y privados pueden regresar a sus clases presenciales.
Sin embargo, Ana Patricia Polanía, presidenta de la ADIH manifestó que se radicara la impugnación al fallo emitido por el Juzgado 10° penal.
Los colegios privados hicieron u respectivo oficio al Juzgado 10º penal municipal en donde solicitaron también ser parte interviniente en el proceso.
