Una de las principales acusaciones proviene de un audio donde presuntamente se presiona a la empresa Air-e. En dicha grabación, Quiroga y su asesor, Jorge Luis Villamil Salazar, habrían intentado intimidar a la empresa utilizando información privilegiada.
La renuncia de Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos y aliado cercano del presidente Gustavo Petro, ha generado controversia en el sector energético colombiano. Quiroga, quien estaba a cargo de temas críticos como la crisis energética y de gas, dejó su cargo en medio de acusaciones sobre presuntas presiones indebidas a la empresa Air-e, operadora en la Costa Caribe.
El 5 de julio de 2024, apenas unos días después de que Quiroga saliera del Foro Internacional de Servicios Públicos en Corferias, comenzaron a circular versiones sobre las verdaderas razones detrás de su renuncia. Aunque el exfuncionario afirmó que su dimisión respondía a una práctica habitual de evaluación presidencial cada seis meses, fuentes cercanas a la Casa de Nariño indicaron que su salida se debió a la falta de respaldo por la manera en que gestionaba sanciones e intervenciones a empresas del sector.
Una de las principales acusaciones proviene de un audio que podría ser la «prueba reina» en un caso de presiones a la empresa Air-e. En dicha grabación, Quiroga y su asesor, Jorge Luis Villamil Salazar, exteniente coronel de la Policía Nacional, habrían intentado intimidar a la empresa utilizando información privilegiada. La conversación tuvo lugar el 27 de junio en Cartagena, durante la reunión de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), y en ella también se menciona al empresario William Vélez, relacionado con un pleito de $200.000 millones entre Air-e e Interaseo, la empresa de Vélez.
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‘Hubo interceptaciones ilegales’
Villamil, quien fue señalado en el audio junto a Quiroga, negó cualquier conducta irregular y aseguró que no hubo interceptaciones ilegales. Además, declaró que la reunión fue formal y que la referencia a Vélez no formaba parte de la conversación.
El audio, sin embargo, ha generado inquietudes, especialmente porque Villamil menciona que la Superintendencia debía investigar si Air-e estaba perjudicando a los usuarios o reteniendo recursos de forma indebida. Quiroga, por su parte, afirmó en la grabación que no había investigaciones abiertas, lo que ha sido interpretado como un intento de minimizar las acciones en curso contra Air-e.
Cinco días después de esta conversación, se envió un oficio a Air-e solicitando una reunión sobre un convenio de facturación conjunta con Interaseo, lo que ha alimentado las sospechas de presiones indebidas.
Por su parte, Interaseo calificó las acusaciones como «tendenciosas» y afirmó que siempre ha respetado la autonomía de las entidades de control. Mientras tanto, la Dian solicitó información a miembros de la familia de Air-e sobre sus activos en el país y en el exterior, lo que ha generado aún más dudas sobre el caso.
La Casa de Nariño aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación, pero se espera una respuesta en las próximas horas ante la creciente preocupación en torno a las posibles implicaciones de este escándalo en la gestión del sector público en Colombia.
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