La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, aprobó que se intervengan los documentos de inteligencia y contrainteligencia del DAS.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Angélica Andrade
La Fiscalía General de la Nación viene adelantando una serie considerable de investigaciones con el fin de confirmar las denuncias interpuestas por la aparente pérdida o eliminación de documentos y archivos que contienen información clasificada del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, proceso analítico que se inició desde marzo de 2019.
La decisión se dio a conocer este miércoles por parte de un comunicado emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el que se anunciaron serias revelaciones asociadas a las medidas cautelares sobre los documentos de inteligencia y contrainteligencia, además de los presupuestos, inversiones y gastos que hacen parte de los archivos reservados. En este sentido, se autorizó al Archivo General de la Nación, AGN, como órgano de control, interventor y rector de la normativa
archivística del país, para la realización del análisis integral, la clasificación, organización y correcto inventario de todos los expedientes, oficios y documentación que continúa bajo su conservación, custodia y protección.
De acuerdo con las aseveraciones del ente encargado de una parte del proceso de paz, la determinación da respuesta a las sugerencias planteadas en la mesa técnica que se desarrolló durante enero de 2019, en la que se contó con la asistencia, cooperación e intervención de instituciones del estado, Naciones Unidas, académicos, investigadores y organizaciones de la
sociedad civil.
“En esta se tuvo en cuenta la propuesta metodológica para la organización de documentos y el levantamiento de inventarios documentales que presentó el Archivo General de la Nación en diciembre de 2021″, mencionó la JEP a través del comunicado.
A partir de dicha determinación, expresada por el magistrado Óscar Parra Vera, la Justicia Especial para la Paz, JEP, proyecta el desarrollo de un inventario completo dirigido a hallar, encontrar, identificar, localizar y registrar la información con el objetivo de reducir el nivel de riesgo de destrucción, pérdida, eliminación, alteración, falsificación, adulteración, sustracción y
modificación, como también establecer cuáles de los aspectos se asocian a archivos de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, de gran interés para la memoria y el mantenimiento de la gestión histórica, la justicia transicional y la edificación de paz.
Además, entre las indicaciones expuestas por la Justicia Especial para la Paz, JEP, se halla la exigencia de que en menos de treinta días se debe dejar listo el inventario de la totalidad de documentos, tal como lo aseveró el ente encargado de garantizar la justicia en el marco del Acuerdo de Paz: “La JEP ordena que la propuesta metodológica que marcará la ruta del proceso
documental sea trasladada a las entidades y demás actores vinculados al trámite que lleva la sala, para que en un término de 30 días calendario presenten sus observaciones frente a la propuesta y se pronuncien sobre a la modificación de las medidas cautelares”, reza el documento.
Cabe recordar que, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, intervenido por el estado colombiano luego de presentarse un monumental escándalo que implicó las interceptaciones ilegales, o las ‘chuzadas’ y la infiltración del paramilitarismo en el órgano institucional, razones que llevaron a la apertura de gestiones y procesos penales, disciplinarios y fiscales en contra de una cifra considerable de funcionarios de la dependencia.
“Es ideal que los documentos sean clasificados de tal manera que se pueda facilitar su consulta, enfocándose en la construcción de un inventario, que no ponga en peligro a las personas relacionadas en aquellos o amenace con violar sus derechos fundamentales”, se menciona en el documento.
Finalmente, el magistrado Óscar Parra Vera, encargado de dar a conocer la mencionada decisión, aclaró que las alternativas cautelares continuarán en firme: “La importancia del inventario no solo se relaciona con la posibilidad de preservar los archivos, sino en tener certeza de cuáles corresponden a archivos de derechos humanos, lo que permitirá a su vez garantizar el acceso y consulta a las víctimas y a la sociedad, en aras de proteger los derechos a la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición”, aseguró el alto funcionario, agregando que la Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz, convocó a la ordenación de la segunda sesión de la mesa técnica con el objetivo de difundir las apreciaciones en torno a la actualización de las referidas medidas cautelares.
