Este martes 5 de julio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia condenó el asesinato del gobernador suplente del resguardo awá Inda Sabaleta, Juan Orlando Moreano, y de los dos guardias indígenas que lo escoltaban, Carlos García y Jhon Nastacuas, quienes fueron atacados por hombres armados mientras se encontraban en zona rural del municipio de Tumaco, departamento de Nariño.
En este sentido, la justicia transicional lamentó la muerte de la autoridad indígena, sujeto colectivo de derechos acreditado como víctima del conflicto armado en el caso 02, que prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), tres de las localidades más golpeadas por los diferentes actores armados en el suroccidente, sobre el Pacífico colombiano.
La JEP señaló que, “El pueblo awá, pese a estar en situaciones tan adversas, hoy es prueba de dignidad y resistencia para pervivir físicamente y continuar existiendo como pueblo diferenciado. De manera urgente, la JEP hace un llamado a las instituciones competentes para investigar y sancionar a los responsables de este hecho que enluta al pueblo awá y a toda Colombia”
Asimismo, la entidad que hace parte del Sistema Integral para la Paz, junto a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), detalló que Juan Orlando Moreano había liderado y participado en procesos de resistencia por el respeto de su territorio ante la presencia e incidencia de diferentes agrupaciones armadas ilegales que hacen presencia en esta región.
Entre tanto, argumentó que el gobernador suplente, quien se había desempeñado como excoordinador de guardia, exconsejero y comunicador indígena, hizo parte de mingas indígenas, acciones humanitarias e iniciativas en favor de su comunidad, sobresaliendo por su compromiso con la consolidación de la paz y por su activa participación frente al caso 02 que investiga la violación a los derechos humanos que afectaron a pueblos afrocolombianos, campesinos, mujeres, comunidad LGBTI e indígenas.
Por su parte, el investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier, explicó que en esta zona existe una disputa territorial y de las economías ilícitas entre dos grupos residuales de la desmovilizada guerrilla de las FARC, el Frente Oliver Sinisterra, vinculado a la Segunda Marquetalia, y el Bloque Alfonso Cano, asociado a las disidencias que lidera Iván Mordisco, registrando un recrudecimiento de la violencia y una afectación permanente a las comunidades étnicas.
Por último, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz (Indepaz), esta es la masacre 49 perpetrada en el año; mientras que, con el crimen de Moreano, desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados a 1.323 líderes y lideresas sociales en Colombia.
