Con la participación de víctimas del conflicto armado instituciones y organizaciones, la JEP, conoció de primera mano los avances de las medidas cautelares en el Cementerio Central de Neiva que interpuso para proteger a las víctimas de desaparición forzada.
Diario del Huila, Primer Plano
En una diligencia pública presidida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se realizó un seguimiento exhaustivo a las medidas cautelares ordenadas para proteger los puntos de interés forense en el Cementerio Central de la ciudad de Neiva.
Estas medidas, decretadas en agosto de 2021 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, responden a la solicitud conjunta de la Alcaldía de Neiva y los familiares de las víctimas de desaparición forzada que buscan a sus seres queridos.
La audiencia, liderada por la magistrada Reinere Jaramillo y los magistrados Alejandro Ramelli, Raúl Sánchez y Gustavo Adolfo Salazar, contó con la participación activa de las víctimas peticionarias de estas medidas cautelares.
En un acto simbólico conmovedor, dos familiares de las víctimas tomaron la palabra, entregando a los magistrados recordatorios que contenían fotografías e historias de sus seres queridos desaparecidos.
La jornada estuvo marcada por la emotividad y el compromiso con la memoria de quienes ya no están. El magistrado Raúl Sánchez, al encender una vela, expresó: “Esta luz ilumina el camino de la búsqueda, es la luz que permite a la justicia escuchar las voces de las mujeres y hombres que han asumido la tarea de exigir los derechos de las víctimas de desaparición forzada”. Además, anunció una noticia esperanzadora al informar que se entregará el primer cuerpo identificado, el del señor César Duván Benavides Tabares, en un proceso coordinado con el Instituto de Medicina Legal y la familia del fallecido.
Durante la audiencia, el magistrado Alejandro Romelli Arteaga ofreció un balance sobre el avance de la justicia en este tema, destacando la colaboración de las autoridades locales y nacionales. Se resaltó la participación de 130 comparecientes de la Fuerza Pública, así como el compromiso de más del 85% de los investigados que han aceptado su responsabilidad en los hechos relacionados con desaparición forzada.
“Me corresponde realizar un breve repaso de la situación judicial actual, específicamente enfocándome en la evolución de las medidas adoptadas. Estas acciones están dirigidas a abordar un tema crucial que involucra a unidades militares, y se basan en siete informes presentados por organizaciones, los cuales han puesto de manifiesto la problemática de las ejecuciones. Es importante señalar que, a diferencia de otros departamentos, los medios de comunicación habían centrado su atención en otras regiones del país”.
En este contexto, convocaron a 130 comparecientes pertenecientes a la Fuerza Pública, de los cuales 80 participaron de manera voluntaria y 50 fueron convocados de manera obligatoria. El punto de convergencia entre Huila y el resto del país radica en la presión ejercida por los altos mandos del Ejército Nacional como resultado de bajas en combates.
Además, se identificó que ciertas poblaciones en Huila estigmatizaban a las personas, señalándolas como presuntos miembros de grupos armados. A esto se suma la preocupante situación de engaños dirigidos a individuos en condiciones de vulnerabilidad, mediante ofrecimientos laborales falsos. También se constató la ejecución de acciones bajo la apariencia de delincuencia común, con resultados similares.
Como producto de un análisis exhaustivo, se logró identificar a 36 individuos señalados como máximos responsables, desempeñando un papel fundamental en la dirección y ejecución de estas prácticas. De este grupo, 30 ya han asumido su responsabilidad, lo cual confiere a la investigación un sólido respaldo. Este elevado porcentaje de aceptación de culpabilidad subraya la robustez del trabajo realizado hasta el momento, sentando bases firmes para la prosecución de este proceso judicial.
Avances en el cementerio
En cuanto a los avances forenses, Luz Janeth Forero Martínez, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia, reveló datos importantes sobre los hallazgos parciales en el Cementerio Central de Neiva. “Se tiene información de al menos 648 cuerpos no identificados ni reclamados desde 1985, de los cuales 195 estarían asociados al Monumento 14 del cementerio. Además, se destacó la identificación de 15 sitios de interés forense, lo que evidencia la importancia de continuar con estas labores de búsqueda y esclarecimiento”.
La magnitud de este desafío es considerable, considerando el vasto universo de más de mil personas. Sin embargo, únicamente contamos con un 30 por ciento de solicitudes de búsquedas en el departamento de Huila.
Se detectaron cuatro anomalías durante el proceso, lo que motivó el inicio de la intervención en el Monumento 14. Esta primera intervención inició el 19 de febrero e irá hasta el 1 de marzo, abordando un total de 60 bóvedas, de las cuales 49 ya cuentan con información documentada.
En este contexto, se busca la disposición de los cuerpos en lugares que no solo sean dignos, sino que también sirvan como escenarios de reflexión, recordándonos las dolorosas circunstancias que marcaron la historia durante el conflicto armado. Este enfoque no solo tiene un componente forense, sino que busca establecer lugares de memoria que inviten a la reflexión colectiva sobre los sucesos ocurridos durante la guerra.
¿Qué dice Medicina Legal?
Lina Aranda, delegada de Medicina Legal Colombia, destacó que, según la información recopilada por el instituto y contrastada con la parroquia La Inmaculada, existen 472 registros de cuerpos no identificados y cuerpos identificados, pero no reclamados. Además, señaló que el instituto posee actualmente 365 muestras correspondientes a 199 personas desaparecidas en el departamento de Huila.
En cuanto a la situación en la ciudad de Neiva, donde se reportan 525 personas desaparecidas, Aranda explicó que hay 472 registros que incluyen cuerpos no identificados (341) e identificados, pero no reclamados (131). Respecto al Monumento 14, que cuenta con 156 bóvedas, hasta la fecha se han localizado 169 cuerpos inhumados. Esta recopilación de datos ha permitido realizar un análisis detallado de la situación.
Dentro de este contexto, se destaca que se han identificado 10 muertes vinculadas al conflicto armado originado por explosivos y 55 por proyectil, subrayando la complejidad y la diversidad de las circunstancias asociadas con las víctimas de desaparición forzada en la región.
Las organizaciones
Sin embargo, la tarea aún es monumental, como señaló Andrea Jiménez, representante del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, al afirmar que han utilizado el cementerio central de Neiva para ocultar y deshumanizar los cuerpos de diversas personas. Esto resalta la necesidad de un compromiso continuo por parte de todas las instituciones y la sociedad en general para enfrentar este desafío humanitario.
Paola Medina Charry, miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, compartió con firmeza: «Nosotras hemos asumido la responsabilidad de realizar la labor que el Estado ha dejado pendiente. Nos vemos en la necesidad de indagar sobre los últimos movimientos de nuestros seres queridos: con quién se relacionaron, cuáles fueron sus actividades previas, a dónde se dirigían e incluso qué negocios estaban involucrados, ya que, lamentablemente, las instituciones estatales parecían considerarlos lo peor».
Además, Medina Charry subrayó: «Continuamos nuestra búsqueda incansable, pues sabemos que aún hay muchos más por encontrar. Estamos comprometidos con este proceso de insistencia porque en el camino hemos tenido la fortuna de encontrarnos con personas extraordinarias que nos han brindado su apoyo y solidaridad«.
El Municipio
En respuesta a estas apremiantes necesidades, el alcalde de Neiva, Germán Casagua, reafirmó el compromiso de la Administración Municipal para llevar a cabo acciones concretas en apoyo a las familias afectadas. Se destacó la implementación de mesas técnicas y la gestión del arrendamiento de osarios, así como el esfuerzo continuo por esclarecer la propiedad del Cementerio Central, facilitando así futuras inversiones.
«Desde la Administración Municipal, nos comprometemos de manera integral para garantizar y ejecutar todas las acciones en beneficio de las familias, conscientes de la responsabilidad que hemos asumido. Hemos avanzado significativamente, concretando el arrendamiento de los osarios a un costo de 67 millones de pesos, por un período de un año, poniéndolos a disposición completa de la Unidad de Desaparecidos«, señaló el alcalde Casagua.
Junto con su equipo de trabajo, se han llevado a cabo cuatro mesas técnicas con víctimas y autoridades, enfocadas en la determinación de la propiedad del Cementerio Central. «Estamos trabajando incansablemente para esclarecer quién es el dueño del cementerio central. Reconocemos nuestra responsabilidad de realizar inversiones; como administración municipal, tenemos la capacidad de invertir en terrenos del municipio de Neiva. Ya hemos realizado los oficios correspondientes a la oficina de Instrumentos Públicos para obtener de manera precisa esa información«.
El proceso de esclarecimiento de la propiedad afecta nuestra capacidad de tomar decisiones de inversión, pero para evitar quedarnos estancados, hemos emprendido gestiones de recursos con el objetivo de agilizar su obtención. En relación al Monumento 14, se llevó a cabo un análisis técnico que reveló ciertas deficiencias en el cronograma de inversión y los presupuestos definidos. No obstante, se ha avanzado con la elaboración de diseños, los cuales han sido consensuados con diversas personas para su posterior análisis.
«El Cementerio Central resguarda muchas respuestas, por lo tanto, asumimos plenamente nuestra responsabilidad de cumplir con lo que ordene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)», concluyó el alcalde Casagua.
Finalmente, el abogado de la parroquia La Inmaculada Concepción, Rodney Becerra, brindó detalles precisos sobre la localización del cuerpo de Juan Carlos Macías Aguirre, un ser querido desaparecido cuya familia ha buscado durante años en el Cementerio Central de Neiva.
De esta manera, la parroquia atendió la orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de informar a la familia de Macías Aguirre y a Obsurdh sobre el paradero del cuerpo, que fue inhumado en 2012. Desde 2020, cuando venció el plazo del contrato de arrendamiento de la bóveda, la ubicación del cuerpo había sido desconocida.
