Sigue la disputa entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Álvaro Uribe Vélez, quien el pasado 18 de febrero se sintió aludido por un nuevo reporte de la entidad, según el cual las víctimas por ejecuciones extrajudiciales, o falsos positivos, fueron 6.402, casi 4.200 más de las reportadas inicialmente para el periodo 2002 – 2008 por la Fiscalía General de la Nación.
Aunque para el exmandatario colombiano se trata de un “nuevo atropello” que busca “desacreditarlo”, el presidente de dicha corporación, Eduardo Cifuentes, respondió este viernes 19 de febrero que no se trata de eso, “de ninguna manera. Se trata del examen minucioso y la verificación y ponderación que hizo la sala de reconocimiento y efectivamente la estadística habla por sí sola, este es un periodo que en todo caso muestra un ascenso inusitado de este delito sistemático”.
Vale recordar que, el también exsenador emitió un comunicado con 15 puntos rechazando el informe y justificando que, “Recién iniciado el Gbno, en 2003, cuando la Seguridad Democrática empezaba a dar tranquilidad a los colombianos, ONGs, contrarias a mis ideas, acusaban a las Fuerzas Armadas (FFAA) de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales. Asumí públicamente el tema y se ordenó que el cuerpo, de alguien dado de baja en combate, permaneciera en el lugar, no fuera movido por las FFAA y se esperara la llegada del representante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía”.
