La magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre le solicitó a la Fiscalía General copias de los discos duros de los computadores de Víctor Julio Suárez alias ‘Mono Jojoy’ así como los del senador Julián Gallo conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’, que reposan en poder del ente acusador y que fueron incautados por las autoridades colombianas luego de operativos militares.
La solicitud la hizo la magistrada luego de escuchar en versión voluntaria a Gallo, quien aseguró que la información sobre el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado estaba en los computadores que incautaron las Fuerzas Militares tras las operaciones que adelantaron en contra de los máximos cabecillas del grupo guerrillero.
Por otro lado, la JEP remitirá a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia copia de las declaraciones de Gallo Cubillos, Alberto Martínez, Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra y Reinel Guzmán Flórez y de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz, así como copia de las conclusiones de la
“En cuanto a las conclusiones de la VIII Conferencia por ser procedente, por Secretaría se remitirán las copias solicitadas. Frente a esta última solicitud, se aclara que esta información reposa en el expediente del Caso No. 01 de la SRVR, por lo cual se dejará copia de esta solicitud y de esta providencia en dicho expediente”, expone el documento.
El fallo deja claro que por haberse declarado la reserva de la entrevista de Córdoba Ruiz, se le entregará el video, al alto tribunal, con la correspondiente marca de agua y se hará traslado del deber de reserva correspondiente.
Por otro lado, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad solicitó que se autorice a una de sus investigadoras para que asista a las diligencias de algunos de los comparecientes dentro del trámite que se surte, de ahí que el tribunal de paz autorizó a la investigadora Nubia Esmeralda Rojas Gutiérrez, para que asista a las diligencias solicitadas.
El caso Gómez Hurtado se encuentra ante el tribunal de paz luego de que Londoño y Gallo, a través de una misiva remitida a la justicia transicional aceptaran su responsabilidad absoluta en la muerte del líder político ocurrida en noviembre de 1995, en las afueras de la Universidad Sergio Arboleda, donde dictaba clases.
La investigación del líder político también está en manos de la Fiscalía General, que tiene alrededor de cinco hipótesis sobre su muerte.
