La JEP estableció que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. Esto es cerca de tres veces la cifra que la jurisdicción recibió al empezar a indagar este fenómeno.
Así las cosas, los mal llamados ‘falsos positivos’ en Colombia no serían 2.248, como reportó la Fiscalía en su informe, sino que habría 4.154 víctimas más de estas ejecuciones extrajudiciales.
Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son los seis territorios críticos priorizados por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de la investigación del Caso 03 de la JEP, que investiga este fenómeno.
La decisión de priorizar estas zonas, explicó la JEP, se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal.
El proceso arrojó, entre otros resultados, que de las por lo menos 6.402 víctimas registradas entre 2002 y 2008, el 66 % se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo.
