La Fiscalía General de la Nación ha llevado a cabo una importante operación para desmantelar un entramado de corrupción en el Ejército Nacional relacionado con falsas incorporaciones de soldados.
En esta acción, 22 militares y 2 civiles han sido judicializados por su presunta participación en un fraude que habría defraudado al Estado en más de 320 millones de pesos.
Entre los implicados se encuentran un teniente coronel, dos mayores, un subteniente, varios sargentos y cabos que prestan servicio en el departamento de Guaviare, además de una psicóloga y un odontólogo. Según las investigaciones, estas personas habrían colaborado en la certificación de la incorporación de personal que nunca formó parte de las filas militares.
Las irregularidades que se les imputan a los procesados incluyen falsificación de exámenes médicos de incorporación, manipulación de procesos administrativos, asignación de material de guerra, distribución de alimentación y pagos de nómina. Se sospecha que también habrían reclamado el pago de bonificaciones en efectivo para supuestos soldados inexistentes.
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Las labores de policía judicial revelaron que los implicados habrían introducido información falsa en diferentes bases de datos de la institución para justificar sus acciones fraudulentas. Asimismo, se cree que utilizaron huellas digitales sin autorización en documentos oficiales para avalar pruebas psicotécnicas de incorporación.
Uno de los aspectos más preocupantes es que los procesados habrían presentado denuncias ante la Justicia Penal Militar por supuestas deserciones de soldados que en realidad nunca existieron. Estas denuncias falsas habrían llevado a la captura y procesamiento de personas inocentes.
Los 24 investigados fueron capturados en diferentes ciudades del país, incluyendo Caucasia, Bello y Medellín (Antioquia); Chiquinquirá (Boyacá); Tierra Alta y Montería (Córdoba); Cajicá y Tolemaida (Cundinamarca); La Plata (Huila); Villavicencio (Meta); Sandoná (Nariño); Armenia (Quindío); Cimitarra y Bucaramanga (Santander), y Bogotá.
La Fiscalía imputó a los investigados varios delitos graves, entre ellos concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, fraude procesal, constreñimiento para delinquir agravado, abuso de funciones públicas, falsedad ideológica y material en documento público, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Cabe destacar que los cargos no fueron aceptados por los implicados.
