Aunque la entidad había impugnado la decisión de primera instancia, ahora en segundo grado ratificaron la medida. El despacho confirmó que hubo vulneración del derecho.
DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
CARLOS ANDRÉS PÉREZ TRUJILLO
Lo que parecía una sencilla petición se convirtió en un desgaste a la justicia, y de paso dejó en evidencia que en la Cámara de Comercio de Neiva hubo ocultamiento de información.
Al menos esto se puede deducir de la sentencia de segunda instancia que acaba de proferir el Tribunal Superior de Neiva, quien ordenó a la Cámara entregar información. “El A quo (primera instancia) analizó que, la accionada no cumplió el deber legal de responder en su integridad el derecho de petición y aunque tenga un procedimiento especial en los estatutos, el mismo, al estar en contravía con lo normado en la Constitución Política de Colombia, no puede aplicarse; la convocada no arguyó que la información solicitada tuviera reserva legal, luego, no está exenta de dar contestación bajo los lineamientos de la Ley estatutaria 1755 de 2015”.
Para el Tribunal, los empresarios accionantes Armando Cuéllar Arteaga, Oswaldo Calderón Trujillo y José Humberto Bocanegra, no ejercieron temeridad en sus pretensiones, “por cuanto el trámite adelantado ante el Juzgado de Familia de Garzón, se hizo por ‘considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, dada la ausencia de respuesta a las peticiones que elevó el 27, 28, 31 de marzo y 02 de abril de 2023, de la cual desistió conforme a memorial allegado al expediente el 02 de mayo de la anualidad,’ y el que ahora se reclama corresponde al del 22 de marzo, con pedimentos diferentes a los reclamados en otrora”.
La impugnación
El pasado mes se conoció la decisión del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, en el que requirió a la Cámara de Comercio de Neiva para que entregara información que se había negado a suministrar a tres de sus directivos.
¿Acaso no podemos recibir información nosotros que somos directivos? Se preguntaban los tres accionantes. En su momento Calderón le comentó a este medio de comunicación que esta información financiera era importante ya que era la única manera de formular propuestas para ‘cambiar’ o ‘mejorar’ la entidad.
En su momento Ariel Rincón Machado -presidente de la CCH-, afirmó que acatarían la decisión del fallo, no sin antes presentar una impugnación (apelación). Y así fue, impugnaron el primer fallo, incluso pidiendo que negaran esa petición, y señalando que “no ha conculcado los derechos deprecados, por el contrario, de manera oportuna les ha indicado a los accionantes, los canales digitales para que los miembros de la Junta Directiva, puedan acceder directamente a la información; por lo tanto, resulta exagerado acudir a la tutela para satisfacer el derecho de petición cuando no se han utilizado los mecanismos tecnológicos al alcance de los pretensores. Y antes de la posesión, se hizo un trabajo de inducción a todos los directivos para el conocimiento y manejo de sus funciones”.
Para la Cámara de Comercio en esta acción se presentó, también, indebida integración del contradictorio “falta de concurrencia de los elementos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la acción de tutela contra particulares, desconocimiento de las normas aplicables al acceso de la información de quienes integran la Junta Directiva, inexistencia de la vulneración y ausencia de valoración probatoria”.
En este sentido, el escrito de impugnación de la Cámara asegura que como lo solicitado corresponde a información de la sociedad Promotora Zona Franca Andina SAS, (ahora, Zona Franca Surcolombiana SAS) y del proyecto de inversión de la fachada de HUILA E, debieron ser vinculadas al trámite tutelar, porque tienen interés legítimo, respecto al manejo de los documentos pedidos “tampoco se encuentran los accionantes en estado de subordinación, indefensión o frente a una situación de posición dominante de la institución frente a la cual solicitaron el amparo del derecho de petición. Todo lo contrario, invocaron la condición de miembros de la Junta Directiva que es el más alto órgano de dirección de la institución y que, por ende, los coloca en una situación privilegiada.”
Las consideraciones del Tribunal
En días pasados el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, en proveído del 9 de mayo de 2023, ordenó a la Cámara de Comercio del Huila, que “en el término improrrogable de cuarenta y ocho horas (48) siguientes al de notificación de esta providencia, brinde una respuesta en forma clara, completa y de fondo al derecho de petición elevado el 22 de marzo de 2023.”
La Cámara el día 12 de mayo de este año, mediante escrito de once páginas, se vio en la obligación de contestar a los peticionarios los quince puntos del aludido pedimento. En se sentido anexó copia del proyecto de inversión, estudios previos, invitaciones y cotizaciones presentadas por los interesados en participar en la remodelación de la fachada Huila E; actas de la junta directiva donde se aprueba la inversión de 2021 y la adición de 2022; contratos correspondientes a la remodelación y modernización de los espacios físicos ancla1, ancla2, ancla3, locales 53 y 54 con sus respectivos valores; garantías de cumplimiento y solvencia económica por parte de personas naturales o jurídicas; estados financieros Zona franca Andina, desde su constitución hasta 2022.
La Cámara en esos documentos también dio explicaciones frente al préstamo a la sociedad Zona Franca Surcolombiana y respecto a la participación gradual accionaria de la entidad en esa sociedad junto con las actas de la junta directiva que lo viabilizaron; es decir, “en virtud de la orden del Juez, finalizó la trasgresión al derecho fundamental de petición. Es decir, se concreta el hecho superado”, señaló el Tribunal, al tiempo que confirmó la sentencia de primera instancia.
