Un grupo de juristas internacionales y defensores de los derechos humanos presentó una solicitud formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) y su Fiscal, Karim Khan, para que se tomen medidas decisivas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y los altos mandos de su gobierno.
La petición, que exige la activación de órdenes de detención y comparecencias coercitivas, se fundamenta en las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad documentados tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela.
El documento denuncia un patrón sistemático de represión bajo el régimen de Maduro, incluyendo torturas, arrestos arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados asociados al gobierno. “Estas atrocidades no son incidentes aislados, sino reflejan una política de Estado dirigida a sofocar cualquier forma de disidencia”, señala la carta.
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Los juristas subrayan que los autores de estos crímenes ocupan altos cargos en el gobierno, lo que refuerza la idea de que estas acciones responden a una estrategia deliberada desde el poder. Las víctimas de estos crímenes incluyen a mujeres, personas con discapacidad, ancianos, indígenas y otros grupos vulnerables, lo que agrava la situación.
La preocupación expresada en el documento es contundente: «La represión que el gobierno de Nicolás Maduro continúa ejerciendo contra la población civil y los líderes de la oposición ha dado lugar a la perpetración de crímenes de lesa humanidad«. Ante esta situación, los firmantes exigen que la CPI actúe de inmediato para frenar las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela y garantizar que los responsables enfrenten la justicia internacional.
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