La semana pasada hubo gran revuelo a nivel nacional a raíz de la condena del Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, a cinco años de cárcel a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, ello a raíz de un bochornoso acto protagonizado por la influencer en medio del paro de noviembre de 2019, donde usando un martillo rompió una estación de Transmilenio. El tribunal la condenó a sesenta y tres meses y quince días de cárcel, acusándola de la perturbación del servicio de transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas.
Para muchos, incluyéndome, la pena fue desproporcionada, pues si bien todos estamos de acuerdo en la aplicación de una sanción por los lamentables hechos protagonizados por Epa, y que debe pagar por su garrafal error, hay un sentimiento colectivo innegable, se les fue la mano. Hubiese sido más acorde que el Tribunal confirmara la decisión que en primera instancia se había dado. Recordemos que, en marzo de 2020 Daneidy fue condenada por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá a tres años y medio de cárcel. Además, le había impuesto una prohibición para usar sus redes sociales por ese tiempo, y una multa de 25 salarios mínimos. La Fiscalía que le había imputado cargos por perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas, tuvo que ver como el juez no la condenó por ese último delito. Luego que la sentencia no fuera la esperada, la Fiscalía y la empresa Recaudo Bogotá, acreditada como víctima en el proceso, decidieron apelar.
Muchos en sus redes sociales equivocadamente han dicho que Epa ya pagó por lo que hizo, que dio dinero, que pago cárcel y demás, algo que es totalmente falso. Ella no había pagado ninguna pena, en primera instancia se condenó a tres años, pero había una suspensión temporal de la aplicación de la pena.
Personalmente creo que es muy alta la sanción, ello a raíz del nuevo delito, si bien uno de los fines de la sanción en materia penal es el mensaje que se le envía a la sociedad para que no vayan a cometer una infracción igual, el delito de instigación con fines terroristas me parece una total exageración. Todos sabemos del alcance de las redes sociales de Barrera, pero es claro como muestran sus videos que su motivación era la de hacerse más visible y aprovechar la coyuntura en el marco de unas protestas, eso sí, de una manera estúpida.
Acá el tema es claro, ella cometió un error y debe pagar, no se puede pedir libertad para alguien que cometió un delito, por más que de empleo, o regale dinero, acá toca pedir es que haya una correcta aplicación de la justicia para ella y para todos. Como lo dije en mis redes sociales, el reproche a la Justicia colombiana no debe ser por condenar a Epa Colombia por delitos que ella misma demostró con sus videos, sino por no condenar a todos los delincuentes que operan en nuestro país, incluidos los de cuello blanco. Es ahí donde nace la indignación de la gran mayoría de colombianos, pues ven unos ex farc en el Congreso sin pagar por sus delitos, un Juan Manuel Santos impune a pesar de todas las pruebas por lo de Odebrecht, los que se roban la alimentación escolar en sus lujosas casas pagando penas irrisorias, entre miles de casos más.
Seamos claros, ella la embarró y debe pagar, se le fue la mano al tribunal sí, pero se trata de combatir la impunidad, no de estimularla. Todos los que vandalizaron deben ser condenados, incluidos sus financiadores como el Senador Bolívar.
Definitivamente urge una reforma a la justicia.
