Por: Juanita Tovar Sandino
La justicia en Colombia atraviesa una crisis profunda, y es un problema que va mucho más allá de la falta de infraestructura física o de la obsolescencia tecnológica. Las fallas del sistema de judicial en el país son estructurales y están profundamente entrelazadas con intereses oscuros que han contaminado su funcionamiento en todas las esferas. Esta situación ha generado una desconfianza generalizada en la ciudadanía, que ve como, en muchos casos, es más eficiente el trabajo periodístico que la labor judicial.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta crisis es la selectividad con la que se maneja la información probatoria. En Colombia, se ha vuelto común que ciertos sectores filtren de manera malintencionada a la opinión pública datos sensibles de los procesos judiciales. Estas filtraciones no solo contaminan el debido proceso, sino que también alimentan una discusión en redes que en ciertos casos distorsiona la percepción de la justicia, generando juicios paralelos que confunden, pero sobre todo, presionan a los operadores judiciales.
Es evidente que los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en la revelación de numerosos escándalos que han sacudido las estructuras de poder en el país. Sin embargo, es alarmante que, en muchas ocasiones, los medios logren destapar la verdad con mayor celeridad y eficacia que el propio sistema judicial. Este fenómeno pone de relieve las deficiencias de una justicia que ha sido incapaz de autodepurarse y que, en cambio, se ha visto atrapada en un ciclo de corrupción y falta de transparencia.
Uno de los ejemplos más vergonzosos de esta crisis es el de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia que han sido condenados por vender fallos, una situación que socava la integridad del más alto tribunal del país. Es inconcebible que quienes deberían ser los máximos garantes de la legalidad sean los primeros en traicionar la confianza pública.
Pero el problema no se limita a la Corte Suprema, el caso de Gustavo Moreno, fiscal anticorrupción, condenado por hechos de corrupción es un golpe devastador a la credibilidad del sistema, y que este funcionario, encargado de combatir este mal que azota al país, haya caído en las mismas prácticas que debía erradicar es una paradoja que revela la profundidad del problema. Pero no contento con eso, ahora él y su hermano, los llamados por nosotros los periodistas como los “Moreno Brothers”, son los abogados de los zánganos de Sneyder Pinilla y Olmedo López, confesos ladrones. Juzguen ustedes.
Este tipo de situaciones no son simples anécdotas. Reflejan un mal estructural que requiere una intervención profunda y decidida. Es fundamental promover una verdadera reforma de la justicia en Colombia, ya que no sirve de nada seguir haciendo comités y reuniones que no traen soluciones. Necesitamos una reforma que devuelva a los ciudadanos la confianza en el sistema judicial. No se trata solo de cambios superficiales o de la introducción de nuevas tecnologías; se trata de una transformación que toque las raíces mismas del poder judicial.
La justicia debe ser un poder independiente, ajeno a los intereses políticos y económicos que tanto daño le han hecho. Debe ser una justicia que actúe con celeridad, pero también con el rigor y la imparcialidad que exige su función. Para lograr esto, es necesario que los ciudadanos volvamos a creer y confiar en los jueces, en los fiscales y en los defensores públicos, porque hasta el momento seguimos percibiendo una justicia desleal, como el descubrimiento de pruebas en el caso del peluquero Mauricio Leal.
