Por: José Eustasio Rivera
El pasado lunes festivo 14 de junio, desde la vereda el Amparo de El Pital, nos estremeció a todo el país la noticia del pronto deceso de la niña Natalia Anaya Montes, hija de mis grandes amigos Alexander y Doraly, producto de varias heridas de puñal que se originaron en varias partes de su cuerpo, luego de compartir en un encuentro familiar. En un demencial acto cometido por un individuo que aún se desconoce quién sea el autor. Hoy esta situación es producto de investigación por parte de la Fuerza Pública e inteligencia.
Han sido días muy dolorosos para la familia y allegados, conmoción y rechazo ha causado por haber sido una niña de solo 11 años de edad y que ante los primeros designios de sus heridas el dolor y la impotencia es mayor en la ciudadanía que repudia con mucha tristeza tales hechos. Sigue siendo un misterio, luego de hacer un minucioso estudio forense en medicina legal para encontrar pruebas que den con el autor de este acto que no tiene perdón de Dios.
Preocupa que estos actos de barbarie y muerte que se han venido presentando en el Huila estén pasando de “agache” ante la justicia. La masacres y asesinatos de Algeciras, la muerte y decapitación de padre e hijo en Campoalegre, el asesinato del ex policía Galvis acompañante del periodista William Gutiérrez y ahora la muerte de este angelito del municipio de El Pital. ¿Dónde están los resultados de la inteligencia de investigación judicial? El dolor y la tristeza es grande, y se agudiza más al ver que los autores materiales e intelectuales de estos hechos siguen campantes en las calles de nuestra región.
La explosión social producto del paro ante un paralelo de la misma pandemia del Covid-19 deja una inconformidad aguda ante la institucionalidad que pasa por su más duro momento. No sólo la clase política y los congresistas. Las instituciones deben ser eficientes y eficaces. Conocemos la deuda histórica de los gobernantes, pero hay una responsabilidad mayor de quienes fungen como funcionarios y servidores públicos.
Los Pitaleños y los Huilenses exigen justicia. Que la tecnología y los más altos funcionarios de los cuerpos especializados de inteligencia lleguen pronto con resultados. Y la justicia actué con todo su peso y autoridad frente al hecho más lamentable y doloroso presentado en el “Edén de paz”. No puede quedar impune. No puede seguir libre el demente que provocó este dolor a estos padres que les cambio la vida del cielo a la tierra.
