Es indispensable endurecer penas para esta clase de delitos. Es un llamado al Ejecutivo y al Legislativo para se aprueben normas severas para que se les ponga freno a los delincuentes reincidentes. Todos sabemos que detrás de estos hechos delictivos, existen bandas organizadas, con tentáculos en otras localidades del país. No es gratuito que todos los alcaldes y gobernadores del país estén siempre pidiéndole de manera urgente a las instancias nacionales que se fortalezca la política pública, que conduzca a fortalecer la seguridad ciudadana. Además de ablandar penas para algunos delitos, el llamado es, que se les ponga freno a los delincuentes reincidentes que, sabiéndose impunes, también les están sumando violencia a sus acciones.
Es tal el desespero de la ciudadanía, que, ante la impotencia institucional para contrarrestar estos actos delincuenciales, se están gestando frentes de seguridad ciudadana, en algunos sectores urbanos y rurales de los municipios del país. Es común ver como los delincuentes cuando cometen un atraco a mano armada, la reacción de la población no se deja de esperar. Inmediatamente salen armados de palos, garrotes, machetes, cuchillos, escoberos, barretones, en otros, utensilios artesanales, que, en masa, salen a cortar el camino a los asaltantes. Luego de fuertes palizas y con el incineramiento de las motos, son entregados a las autoridades, sin que se detecten los responsables de tales hechos ilícitos. La justicia por cuenta propia se ha vuelto un nuevo estilo para combatir la delincuencia.
Aunque no es aceptable ante las leyes colombianas, estos medios para hacer justicia, la deficiencia de la rama judicial para ajusticiar y condenar a estos delincuentes, son capturados por la Fuerza Pública, y luego por decisiones de un Juez, son dejados en libertad a los tres días, quienes salen burlándose de la impunidad que reina en la mayoría de los Despachos Judiciales. Es importante para el bienestar de las familias colombianas, evitar que estos delincuentes se conviertan en criminales profesionales, que siembran miedo en las calles, para lo cual se requiere un trabajo mancomunado entre la Policía, comunidad, autoridades locales, Congreso y los Jueces de la República. No hay que ser laxos con esta situación. Que no se les conceda prisión domiciliaria, ni libertad condicional, como existe actualmente en la legislación judicial.
