Juan Carlos Cortés G.
La propuesta del ministro de Justicia para enfrentar el hacinamiento carcelario con opciones alternativas que restauren a las víctimas en lugar de la privación de libertad generó profunda controversia. Plantearlo cuando la delincuencia acecha en las calles y se recrudece el accionar de bandas criminales, es osado y compromete un profundo debate democrático. ¿Será oportuno buscar salidas diferentes ante una sociedad asediada por el miedo?
Enhorabuena se plantea esta discusión, pues corresponde a esa cartera liderar el debate sobre las reformas al sector y, en especial, afrontar el estado de cosas inconstitucional en que se encuentra sumido el sistema penitenciario.
Si se quiere obtener resultados diferentes es necesario innovar en las acciones. Seguir haciendo lo mismo que no funciona, es tan peligroso como ingenuo y es claro que se requiere una revisión integral de las políticas criminal, carcelaria y de policía. Evadir el problema no es la salida. Los debates públicos son para argumentar y construir con deliberación las mejores soluciones. De hecho, Colombia con la JEP es referente mundial en justicia restaurativa.
Fortalecer el sistema judicial es un asunto prioritario de la sociedad. La cárcel es una institución que debe interesar a toda la ciudadanía. El piso axiológico constitucional estructurado en la dignidad y la libertad no permite el peligrosismo, ni asumir la reclusión como un arma de guerra. Inquieta por ello lo que ocurra en El Salvador, en donde para enfrentar la criminalidad de las maras, se han arrestado en cinco meses más de cincuenta mil personas y se construye una ciudadela carcelaria para mantenerlas allí por tiempo extendido, conforme decisiones en estado de excepción.
La respuesta penal no es la única ni la inicial en una sociedad democrática. Superar el hacinamiento de las cárceles y estaciones de policía, en seguimiento priorizado de la Corte Constitucional, requiere acciones integrales e innovadoras, frente a una materia que reclama ponderación y capacidad de amalgar ideología, Constitución y sentido práctico de gobierno.
El asunto compromete al sistema educativo, en temas como el acompañamiento preventivo que ha de darse a los jóvenes y sus familias, la atención a través de una amplia red de soporte psicológico y el enfoque formativo en valores y convivencia.
Como en su momento se trabajó por la seguridad democrática, es la hora de la disciplina cívica para consolidar la democracia.
Se requiere enlazar además con el servicio público de empleo y el sistema de protección social. Trabajadores sociales que encaucen la inclusión productiva y rescaten a jóvenes e infractores del delito.
Resultados de las entidades territoriales para construir las cárceles que están a su cargo frente a detenciones preventivas y para fortalecer las redes de apoyo social.
Estructurar niveles de atención para reaccionar frente a hechos ilegales, fortaleciendo la capacidad de respuesta policiva y administrativa, de tal forma que la justicia penal actúe luego de aquella intervención, teniendo en cuenta la gravedad de las conductas y la reincidencia. Encarcelar de entrada al padre incumplido, criminaliza relaciones de familia y condena a un ciclo de violencia.
Tanto como reorganizar la Policía y potenciar la inteligencia para combatir el delito, se exige tecnificar, adecuar y ampliar la infraestructura carcelaria, como reconocer un liderazgo civil en el Inpec y construir modificaciones estructurales con la guardia, para erradicar la corrupción en forma radical. Trabajo para los reclusos en tareas públicas, penas que combinen lo intramural, que enfaticen sanciones económicas persiguiendo el patrimonio de los responsables, y compromisos reparadores y de no repetición, son asuntos por considerar también.
Bienvenido el debate. Justicia restaurativa y democracia deliberativa caminan juntas. Hay que identificar nuevos caminos para una democracia segura.
