Durante las protestas de este año se decía que los jóvenes eran los protagonistas. Estaban preocupados por el acceso a la educación, un primer empleo, mejoras salariales y mayor participación en las decisiones del país. El Gobierno nacional decidió darles un espacio democrático, mediante las elecciones de los Consejos de Juventud. Sin embargo, de los 12,2 millones jóvenes entre los 14 y 28 años habilitados para votar, solo 1,2 millones lo hicieron, y más de 290 mil votos fueron anulados. Su apatía a la democracia es incongruente con sus ganas de reforma.
Los jóvenes entre los 18 y 30 años representan el 22% de la población colombiana. Para las elecciones presidenciales de primera vuelta en el 2018, menos del 48% ejerció su derecho al voto, y para gobernaciones menos del 45%. La encuesta INVAMER de noviembre de este año reveló que el 28% de los jóvenes probablemente no votarán en las elecciones de primera vuelta del 2022. La juventud está dejando que las decisiones políticas queden en manos de otras generaciones. Lo grave es que cuando no están de acuerdo, intentan imponer su pensamiento mediante paros. Paros dictadores, que nadie eligió, pero que pretenden gobernar el país.
Los próximos gobiernos deben crear una política juvenil de largo plazo. Para septiembre del 2021 la tasa de desempleo juvenil era del 20,5%, donde las mujeres alcanzaban el 27%, y teníamos 3 millones de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. El gobierno nacional se comprometió a pagar el 25% de un salario mínimo por cada joven que una empresa contrate. Aunque esta es una buena estrategia no resuelve el problema de fondo. El sistema productivo nacional esta desconectado con el sistema educativo. Las Instituciones de Educación Superior tienen dos atascos; el primero, aun no hay suficiente accesibilidad; el segundo, lo que hoy imparten no es lo que las empresas necesitan.
Solo el 11,3% de la población colombiana tiene educación superior. Entre 2001 y 2018, Colombia graduó 4,8 millones de estudiantes; 281 mil por año cuando cerca de 800 mil jóvenes terminan la educación secundaria. Del 2007 al 2017, hubo 3,1 millones solicitudes a universidades públicas para entrar a carreas profesionales de pregrado. Sin embargo, solo 1 millón logró ser admitido- el 32% de las solitudes-. El país necesita más programas de créditos educativos, subsidios de tasa, y modelos de contingente al ingreso.
Las carreras profesionales duran cinco años en Colombia, donde los estudiantes solo tienen seis meses de práctica profesional. En Europa, duran tres años, y en las vacaciones de verano, se ofrecen prácticas profesionales desde el primer año de formación. Las empresas colombianas piden años de experiencia para un rol junior, porque los recién graduados no saben los conceptos básicos. Los graduados llegan aprender de cero a las empresas.Colombia debe unir a la academia y el empresariado para crear un proyecto de desarrollo social conjunto. El país debe tener planes de estudio educativo acordes al sistema productivo de las regiones, y las universidades deben tener programas de enganche de sus egresados. Debe existir trazabilidad después de las graduaciones.
Los jóvenes deben salir a votar si quieren que su mensaje sea escuchado. Los 1,2 millones que lo hicieron la semana pasada entendieron su rol en el país. Aquellos elegidos tienen la responsabilidad de hacer escuchar su voz con los líderes nacionales y regionales, y de convencer aquellos apáticos a participar en las decisiones. Las juventudes tienen mucho por decir, pero aun no entienden que tienen la forma democrática de hacerlo.
