Por: Gerardo Aldana García
Muy al estilo infortunado de La Patria Boba que inició en Colombia en 1810, dividiendo la promesa de independencia de la Primera República de la Nueva Granada, agobiada por los radicalismos centralistas y federalistas, Bogotá vive hoy un asombroso drama en medio de dos posturas claramente distanciadas entre el presidente Petro y la ciudad, hoy representada por su alcaldesa Claudia López Hernández, todo por cuenta de la construcción del megaproyecto del Metro para la capital del país. Y es asombroso porque, luego de juiciosos, debatidos y concertados debates de orden técnico, político, económico, legal, comunitario y de prospectiva de desarrollo urbanístico, surtidos en procesos que han involucrado a los alcaldes desde el periodo 1998 – 2000 cuando Enrique Peñalosa incluyó en su programa de gobierno la necesidad de resolver el grave problema del transporte público en Bogotá, el proyecto fue aprobado, contratado y dado en ejecución. Se destaca que nombres de alcaldes posteriores como Samuel Moreno, Petro, el mismo Peñalosa nuevamente en 2015 y Claudia López, se ocuparon en sus administraciones de tratar los avances de la megaobra. Finalmente, el proyecto se ejecuta con un costo que puede superar los 39 billones de pesos. El hecho es que, al hoy presidente Petro no le parece bien el trazado del diseño aprobado y contratado, exigiendo que un tramo de éste debe ir de forma subterránea, lo cual representaría un coste adicional cercano a los 17 billones de pesos, recursos que, no solamente afectarán el bolsillo de los bogotanos sino el de los colombianos que podremos vernos inmersos en impuestos adicionales para financiar la exigencia del mandatario nacional.
En un país serio, incluso de aquellos que están en desarrollo, con economías emergentes, no puede suceder un esperpento como el que está viviendo Bogotá. Ciertamente, el presidente tiene algunas posiciones que le hacen ver como alguien con visión de Estado; pero en salidas como la exigencia de cambiar los diseños del Metro, so pena de cancelar el compromiso de apoyar la construcción de obras complementarias al proyecto deja ver, como se dice popularmente, el cobre de un mandatario con evidente inclinación a asumir posiciones radicales asociadas a regímenes dictatoriales. Esto no le hace bien a Bogotá y menos a Colombia. Lo duro de la situación es la vocación que realmente tiene de llegar a materializarse la exigencia del presidente, dado que la nación financia el 70% del valor de la megaobra y quien ahora detenta el poder, puede tergiversar el curso del proyecto, retardándolo, según dice el propio consorcio chino que la construye, en 10 años, lo que llevaría a que Bogotá tuviese Metro en el año 2036 y no en el 2026, como está previsto.
El país ha escuchado la voz defensora de la alcaldesa López y algunos de sus seguidores políticos al tiempo que áulicos de Petro se pronuncian a favor de la intromisión del presidente en lo que sería una traumática modificación de diseños. Pero las voces de los grandes electores de partidos como el liberal, conservador o cambio radical lucen callados, con algunas excepciones; si, silenciosos. Muy seguramente porque su pronunciamiento puede afectar los intereses partidistas o personales en términos de los acuerdos que pueden tener suscritos con el alto gobierno. Salidas como las del presidente Petro realmente generan inseguridad en la vida nacional y concierto internacional. Si la máxima autoridad del país no respeta los procesos construidos con antelación bajo reglas y procedimientos aprobados, entonces es previsible que decisiones de inversión privada de orden nacional e internacional, puedan leer que no existen las condiciones para asegurar su capital invertido. Imaginemos que las pirámides de Egipto que la humanidad conoce hoy: Keops, Kefrén y Micerino, en su proceso de construcción hubiesen sido abortadas porque al emperador del momento se le ocurrió que el diseño original en desarrollo no era correcto y debiera modificarse. Es una pena que los vicios de la venenosa política criolla colombiana amenacen y afecten diariamente el bienestar de sus ciudadanos.
