Neiva, es el municipio del sur de Colombia, que más recepciona a víctimas del conflicto armado. Y uno de los inconvenientes que tiene la ciudad, es que no ha sido tenida en cuenta en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), ni en la Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC).
Estas situaciones limita a que la Administración Municipal, pueda acceder a recursos de forma directa.
Víctimas y desplazamiento forzado
En relación a la situación existente en Neiva, dado el número de familias víctimas de desplazamiento forzado que llega a la ciudad, Jorge Lozano Mestre, secretario de Paz y Derechos Humanos de Neiva, señaló: “tenemos a cargo la política pública de víctimas en donde en el marco de las de la Ley 1448 y las normas subsiguientes, atendemos a estas personas que llegan por los diferentes hechos victimizantes a la ciudad en el conflicto armado”.
A la fecha los funcionarios encargados de atender a los afectados, han recibido cerca de 260 declaraciones de este grupo poblacional.
“De estos relatos, entre el 85 y 90 %, obedecen al hecho victimizante de desplazamiento forzado, esto nos da un panorama de que el conflicto armado ha hecho que las personas salgan de sus territorios, huyendo de la violencia, extorsión y de los reclutamientos existentes en otros municipios del Huila y de otras regiones del país”, estableció el funcionario.
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Cuentan con los recursos de atención
Por ley, las administraciones locales deben garantizar los recursos para la atención de este grupo poblacional.
“Tenemos el rubro para atender las ayudas de inmediatez que requiera la población desplazada cuando llega a Neiva, donde le brindamos todo el apoyo psicosocial y jurídico, para que ellos den la declaración ante el Ministerio Público, y de esta forma inicien el proceso y puedan ser incluidos en el Registro Único de Víctimas”, destacó el funcionario.
“Contamos con el rubro para atender a esta población, hasta cierto punto, de llegarse a presentar un mayor número de casos, apelamos a la figura de la subsidiaridad, donde entra la Gobernación del Huila, a atender a las personas que nosotros no le podamos ayudar. El año pasado recibimos por este instrumento cerca de $500 millones”, indicó el secretario de Paz.
Neiva, ciudad receptora
Este año aumentaron el presupuesto en un 20%, para atender estas situaciones específicas y esperan contar con la ayuda, de llegar a necesitarla, de la Administración Departamental y la Nación en su defecto.
“Neiva, es el municipio del sur del país, que más recibe víctimas de desplazamiento forzado, y esto nos genera una condición especial, y dentro de las causas que los afectados escogen a la ciudad en busca de un mejor futuro, es porque regularmente tienen familiares o amigos que los ayudan a ubicar en la ciudad”, dijo Jorge Lozano.
“Uno de los problemas que tenemos es que la capital opita, nunca ha sido tenida en cuenta dentro de los 170 municipios que hacen parte del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), ni de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC)”, indicó el funcionario.
En este sentido, los municipios de Baraya, Tello, Neiva rural, Rivera, Campoalegre, Íquira, La Plata, Pitalito, Isnos, San Agustín y Acevedo, cuentan con la figura PDT.
Y de las 334 zonas Zomac las que se crearon en igual número de municipios, de las cuales siete corresponden a los municipios huilenses de Acevedo, Algeciras, Baraya, Colombia, Hobo, Isnos y Tello.
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Piden que la ciudad, sea incluida en Zomac o PDT
“Eso obviamente nos limita el acceso a recursos de forma directa e incluso bajo la estrategia adoptada años atrás por el Gobierno Nacional, donde a través de la reforma tributaria del año 2016, que son las obras por impuesto en Colombia. Las mismas tienen un proceso especial con la Agencia de Renovación del Territorio, y allí los entes territoriales que se encuentran incluidos en los instrumentos, ya mencionados pueden acceder de forma directa a recursos provenientes del pago del impuesto predial, obviamente de las grandes empresas”, enunció el funcionario.
Ante estos hechos, “estamos analizando la posibilidad de hacer un documento para presentarle a la Presidencia de la República y a Juan Fernando Cristo, ministro del interior, desde luego impulsado por el sector político del departamento del Huila, la clase parlamentaria, para que se incluya a Neiva en estos planes de Zomac o PDT o a una región de paz”, reveló el secretario.
Lo que van a plasmar en este informe, es hacer un relato histórico de las afectaciones que ha vivido la ciudad por el conflicto armado, no solamente en la recepción de víctimas de la violencia, sino en lo relacionado con secuestros, extorsiones y atentados.
“Esperamos que el Gobierno Nacional, diga, Neiva necesita recursos para poderle apostar a la Paz y a la reconstrucción del tejido social que tanta falta nos hace. Sin desconocer que todos estos atentados y no solo esperamos trabajar con el Estado, también con Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz, para que ponga su mirada en esta ciudad y conozca de primera mano lo que está sucediendo”, finalizó Jorge Lozano.
Las denuncias realizadas
“En este sentido la Organización de Naciones Unidas (ONU), se encuentra haciendo seguimiento en la región, y hemos denunciado la instrumentalización por ejemplo de nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal con los censos que se han hecho en diferentes veredas y municipios del departamento de Huila, el ingreso de menores de niños, niñas y adolescentes a las filas de estos grupos, quienes les ofrecen remuneración, motos, celulares y de esta manera persuaden a los menores de edad”, reveló el secretario de Gobierno del Huila, Edgar Martín Lara.
Estos mismos hechos han sido puestos en conocimiento de Otty Patiño, alto comisionado para la Paz y del jefe negociador de la delegación del gobierno, Camilo González Posso.
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Conversaciones y acciones de Paz
En este sentido, el secretario de Gobierno del Huila, es enfático en afirmar: “es importante que el Departamento se beneficie con estos diálogos, y no se vea perjudicado con más extorsión e instrumentalización de menores de edad”.
Además, el funcionario indicó que ellos han enviado informes a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de cada uno de los grupos al margen de la ley distintos grupos con los que no existen conversaciones.
“Hemos hecho las observaciones que tenemos frente al proceso, no podemos negarnos a que estos diálogos no se realicen, por el contrario, lo que beneficie a la población civil, es importante”, dijo el directivo.
Ya el pasado lunes 15 de julio, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció en relación con la finalización del cese de hostilidades con los grupos al mando de Mordisco, y la continuidad con los liderados por Calarcá, establece las pautas en las que se llevará a cabo esta etapa sin enfrentamientos; en una demostración de lo que sería la intención de las partes de avanzar en la mesa con más acuerdos.
