Por: José Eustacio Rivera Montes
El Paro Nacional ha sido más que inconformidad de miles de colombianos, un sentimiento popular que manifiesta la inconformidad, preocupación y rechazo de ciudadanos que se cansaron de que se gobierne para unos pocos. La indignación expresada en las marchas ha despertado esperanza, optimismo y confianza a quienes ejercen el derecho a la protesta, que se consagraron desde la Constitución.
La protesta que va con vandalismo es un fenómeno que todos rechazan, y que hoy han generado más de 40 víctimas, 500 desaparecidos y más de 716 civiles y 849 uniformados lesionados. El hambre, el desempleo, la corrupción, el COVID-19 y la falta de acceso a la educación ha sido la bandera de los jóvenes que son los que le están poniendo el pecho a la lucha. No podemos echarle la culpa a la Constitución del 1991, muy errados, cuando es precisamente ésta la que ha dado las herramientas institucionales a los marchantes para que ejerzan el derecho a la protesta. Desde el marco económico es abiertamente reconocido como desigual e inequitativo. Hoy el medio país está en extrema pobreza.
La Constitución, sus instituciones, ni las ramas del poder público son los responsables de esta crisis. Los cambios estructurales que necesita el país, para ser más equitativa, democrática y justa, son el propio gobierno, en este caso el Presidente Iván Duque y sus funcionarios. Da la sensación como que estuvieran de acuerdo con el caos, ante la paquidérmica actitud con el comité de paro y los diálogos que los que piden todos los sectores. Esto pudo evitarse.
La Constitución no es la culpable, como siempre el Uribismo buscando culpables y haciéndose pasar como los grandes impolutos y salvadores del miedo que ellos mismos crean, Chile, por ejemplo avanza en la construcción de una nueva constitución producto de las marchas, teniendo nosotros la Constitución más garantista y equitativa para muchos del planeta.
Las pérdidas son multimillonarias como consecuencia de los bloqueos en las vías, para el caso del Huila en plena cosecha cafetera en varios municipios del centro y occidente del departamento. El gobierno debe avanzar esta misma semana en diálogos y acuerdos concretos de cara a las peticiones del comité de paro. Sin deslegitimar la Constitución, y ventarle la culpa a un documento que se construyó en consenso con todos los partidos y todos los sectores sociales y gremiales. Es hora de avanzar desde lo fundamental y con más empatía, con un Presidente que dejó crecer el problema.
