Hemos sido reiterativos desde esta tribuna de opinión, que la aplicación incoherente de los instrumentos de política macroeconómica en el país, han sido factores detonantes para generar un proceso progresivo de empobrecimiento en las familias colombianas. Así los amigos del gobierno nacional digan lo contrario, los resultados de los indicadores económicos adversos que publican periódicamente el Dane, y los gremios de la producción nacional, así lo demuestran. No somos contradictores del gobierno nacional. Simplemente analizamos la realidad nacional que actualmente presenta el sector productivo. Lo hacemos de manera objetiva y real para aportar ideas que conduzcan a reestructurar el accionar gubernamental, que a la fecha ha sido muy criticada por la opinión pública. Recientemente la empresa Raddar, que publica informes sobre la comprensión del mercado, el consumidor y de los ciudadanos, expresa que a pesar de un crecimiento del 5,76% en el gasto de los hogares colombianos durante septiembre de 2024, destaca que la reactivación económica sigue siendo frágil y desigual. En términos reales, el crecimiento anual fue de apenas -0,04%, acumulando siete meses de ajuste desde el inicio del año y 23 meses de contracción desde noviembre de 2022.
La leve mejoría en el consumo ha sido impulsada por la desaceleración de la inflación, especialmente en alimentos y bienes durables, por la situación de la demanda agregada que va de capa caída y que está estimulando la reducción de precios en la compra de bienes y servicios. Pero, el sector de la Construcción es considerado el mayor generador de empleo y que contribuyen al fortalecimiento del sistema tributario, viene presentando desde hace dos años, una reducción de construcción de nuevas unidades habitacionales, que tienen en ascua a las empresas de este sector. El aumento de éstas en dificultades financieras se debe a una fuerte contracción en la industria de la construcción, uno de los mayores empleadores del país, que es en parte resultado de una reforma de los subsidios a la vivienda por parte del propio gobierno nacional.
Los economistas temen que estos, efectos dominaron del cierre de empresas frenen el crecimiento de la economía en general. Hasta fines de septiembre,1.230 empresas, excluidas las de los sectores de salud y finanzas, habían solicitado procedimientos de insolvencia este año, según el principal regulador corporativo de Colombia. Esa cifra es mayor que en 2021 y 2022, y probablemente superará las 1.551 peticiones del año pasado, que fue la cifra más alta desde al menos 2015. Según Camacol, el sector de la construcción comenzó a disminuir después de que en abril de 2023 se modificaran los subsidios a la vivienda para priorizar a las regiones pobres y rurales en lugar de las grandes ciudades. Además, el exceso de tramitología contribuye a que constructores de viviendas requieren permisos y licencias de terrenos, a diferencia de otras industrias como restaurantes u hoteles.
