El exprocurador Carrillo quien acaba de entregar su cargo con un balance bastante pobre en resultados de la lucha contra la corrupción; viene promoviendo una CONSULTA POPULAR de iniciativa ciudadana con el propósito de obligar al Congreso y desde luego al gobierno saliente y entrante, a legislar sobre 10 temas específicos que respondan, según él, a las necesidades más apremiantes que reclama la sociedad colombiana.
Digo que bastante pobre su balance contra la corrupción porque basta recordar que, en abril y mayo del año anterior, al inicio de la pandemia; fue prolífico en declaraciones junto al Contralor, anunciando severas sanciones a gobernadores y alcaldes que estaban haciendo fiesta con los enormes recursos públicos destinados para enfrentarla. Solamente sancionó a 3 alcaldes de municipios de 5 y 6 categoría. Por ello quizás muchos recordaron su cuestionada gestión como ministro de Justicia en la cárcel de La Catedral cuando la fuga de Pablo Escobar.
Otro antecedente que conviene aquí recordar se refiere a que hizo parte de quienes promovieron la llamada séptima papeleta con la cual se dio luz verde a la Constituyente del año 91, de la que fue uno de sus miembros luego de integrar el kínder de Gaviria. Pues bien, tales antecedentes se mencionan para contextualizar su ejercicio político dirigido a convertirse en opción presidencial más temprano que tarde.
Volviendo a su propuesta de la Consulta Popular, la cual considera una opción jurídica más conveniente y políticamente más factible, como alternativa a una nueva Constituyente o a un Referendo para responder eficazmente a los reclamos expresadas en las movilizaciones sociales y el paro nacional.
Precisa que los temas objeto de la Consulta, vienen siendo acordados en las amplias concertaciones que se adelantan con los movimientos sociales y sindicales, protagonistas de las marchas juveniles que exigen oportunidades y políticas gubernamentales dirigidas a la equidad social y a combatir la pobreza y la corrupción en la política.
Tales temas pasan por el empleo juvenil; reformas a la educación, a la salud, a la ruralidad y a la justicia; la renta básica; el derecho a la protesta; la reforma a la Policía; los temas ambientales y de la diversidad sexual, entre otros. Curiosamente no menciona la inaplazable reforma al sistema político y electoral, génesis de la insoportable corrupción política y ad/va.- entrevista al periódico El País de Madrid-
La primera objeción a su propuesta es que con ella evita que se toque su obra maestra que dice ser la Carta del 91.
La que es responsable de haber estimulado el gobierno de los jueces que tanto daño le esta haciendo a nuestra democracia, al establecer que se cruzaran los favores entre congresistas y magistrados; y que no se pisen las mangueras dado que unos investigan y juzgan a los otros en una cínica reciprocidad que por ejemplo permitió el surgimiento del llamado Cartel de la Toga.
O que la Corte Constitucional, creada por ella, hubiera avalado el grosero asalto a la soberanía popular cuando el NO del plebiscito, sobre el Acuerdo de Paz, cuando fue aprobado por una simple proposición del Congreso.
La segunda objeción consiste en que La Consulta Popular, si bien es cierto constituye un mecanismo constitucional dirigido a promover la participación democrática, no tiene precisamente la virtud de reformar la constitución política. Entonces, en armonía con la objeción anterior, ¿cómo y cuándo reformar el sistema judicial y el político electoral que sin duda alguna son inaplazables?
Lo que se esconde en esta estratagema de Carrillo es que dicha Consulta se haría en Diciembre/22, inmediatamente después de la elección de los Consejos Juveniles previstos para noviembre/21; elección en la cual los partidos y movimientos de izquierda radical pretenden movilizar la fuerza electoral de los jóvenes de edades entre 14 y 28 años, la cual representa hoy el 34% del censo electoral; como abrebocas de su estrategia para las elecciones de Congreso de marzo y presidenciales de mayo/22.
Pero claro. La Consulta requiere recolección de firmas de mínimo el 5% del censo electoral, es decir, toda una campaña política que involucra por lo menos un millón ochocientas mil firmas, suficientes para movilizar una opinión política que elija mínimo 20 senadores y 35 representantes. Ingeniosa estratagema, digna del carcelero de Pablo Escobar.
