Por: Ernesto Cardoso Camacho
Transcurrida la quinta jornada del evento ambiental más importante del planeta conviene realizar una primera evaluación de sus resultados conocidos. Este mecanismo de concertación y valoración promovido por la ONU, en el sano propósito de congregar las voluntades de los gobiernos y de organizaciones no gubernamentales, en el objetivo de proteger la amenazada biodiversidad como recurso invaluable para la supervivencia humana, constituye el foro más importante del cual dependerá el hacer realidad el concepto de desarrollo sostenible.
El haber señalado a Colombia como sede del encuentro, significa sin duda alguna, la preocupación por la enorme pero frágil diversidad ambiental de nuestros recursos naturales, amenazados por la ineficiencia del Estado; el conflicto armado interno que ha devastado grandes extensiones del territorio por la persistencia del narcotráfico; el asesinato de líderes sociales ambientales que desprotegidos por las autoridades, son presa fácil de esas organizaciones criminales asentadas en regiones estratégicas para el cultivo, la fabricación y comercialización internacional de la cocaína y de la explotación criminal de minerales especialmente de oro y de flora y fauna silvestre.
Desde luego existe otra gran preocupación por la contaminación y destrucción del recurso hídrico que se genera en la cordillera occidental que comprende toda la zona pacífica, donde además las áreas protegidas de la riqueza marina están siendo degradadas por tales actividades criminales.
No obstante, es evidente que la principal razón que determinó la sede del evento lo constituye la preocupación global por la deforestación acelerada de la selva amazónica, la cual provee al planeta de la asimilación del CO2 generado por la frenética actividad industrial y amenaza incluso el recurso hídrico de buena parte de la geografía colombiana, además de regular los efectos del cambio climático que en forma recurrente afecta el equilibrio ecológico del planeta.
Conocidas las razones y circunstancias ecosistémicas que determinaron el que la sede fuera otorgada a Colombia, no debe desconocerse que también influyó en gran medida, el aspecto político e ideológico implícito en el conocido interés que el gobierno Petro ha planteado en los diversos eventos globales, acerca de su rechazo frontal a la explotación de los recursos derivados de los minerales y/o combustibles fósiles como el petróleo y el gas; llegando incluso a formular la propuesta de que se intercambie deuda pública de los países pobres a cambio de su contribución a la lucha contra el cambio climático.
En este claro contexto es que conviene realizar una primera evaluación de los objetivos que fundamentaron la asignación de la sede a Colombia. En primer lugar ha llamado mucho la atención que de los 194 países y naciones miembros convocados, solamente han llegado 34 delegaciones, muchas de ellas sin los respectivos mandatarios o ministros de las carteras ambientales respectivas.
Por otra parte, siendo la selva amazónica la región estratégica vital para la contención o mitigación del cambio climático, no se explica la ausencia del presidente brasileño Lula Da Silva, amigo cercano del presidente Petro y dado que Brasil comparte la mayor extensión de dicha riqueza. Así mismo, en el nivel interno colombiano, es evidente que tanto el Ministerio de Ambiente como los directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, han asumido su participación protagónica en el evento con evidente sesgo ideológico y político, en una actitud que por lo publicado en los medios, han querido señalar a la política ambiental colombiana como un dócil instrumento al servicio de los grandes intereses económicos y de la industria extractiva.
En éste aspecto, conviene recordar que el tema constitucional y legal de la Consulta Previa, mecanismo protector del recurso natural y de las comunidades localizadas en las áreas de influencia donde se realiza la exploración y explotación de tales recursos, lo han convertido en un instrumento paralizante y hasta de extorsión a quienes el Estado les otorga el derecho a su adecuada exploración y explotación. Este debería ser un tema principal de las discusiones de fondo, en el cual las experiencias de numerosos países miembros podría ser muy útil para Colombia, bajo el estricto concepto del desarrollo sostenible.
En conclusión, por lo conocido hasta ahora, se observa que el gran evento de talla global corre el riesgo de convertirse en una nueva frustración para mejorar los criterios y procedimientos de la política ambiental colombiana, donde libre de dogmatismos, se viabilice un auténtico equilibrio entre cuidar y conservar nuestra biodiversidad, sin sacrificar las reales posibilidades del desarrollo económico responsable con el medio ambiente.
