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La corrupción del Clan del Golfo dentro de la Fuerza Pública

Dic 1, 2024

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La reciente captura de un suboficial de la Sipol y un coronel (r) del Ejército ha puesto nuevamente en evidencia la estructura de corrupción que ha facilitado las operaciones del Clan del Golfo dentro de la Fuerza Pública durante más de 17 años. El cartel narcotraficante mantiene un esquema complejo que involucra pagos mensuales a uniformados, reclutamiento de compañeros y filtración de documentos confidenciales, lo que dificulta la acción contra estas prácticas ilícitas.

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Uno de los implicados es el intendente Harvey Arellano Cerda, jefe de operaciones de la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) en Bolívar, quien fue imputado por violación de datos personales agravado. Arellano utilizaba su acceso a los sistemas de la Policía para filtrar información sobre operativos, alertando a la organización criminal sobre las acciones de la Fuerza Pública y permitiendo que los cabecillas del Clan del Golfo evadieran los operativos.

Por otro lado, el coronel (r) José Castro Cadavid, quien hasta 2002 comandaba el Batallón de Artillería Mecanizada Antonio Nariño, está acusado de tener vínculos con el Clan del Golfo, especialmente con el frente Aristides Mesa Páez. Se le señala de haber participado en actividades ilícitas como extorsiones, asesinatos y narcotráfico, además de ser responsable del homicidio del líder social Narciso Beleño, quien denunciaba los nexos entre el Clan y la Fuerza Pública.

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El entramado de corrupción dentro de la Fuerza Pública se remonta a la aparición del Clan del Golfo en 2007. Según fiscales e investigadores judiciales, los pagos a uniformados están bien documentados, como lo demuestra un hallazgo realizado en noviembre de 2016 durante un allanamiento en Antioquia. Allí se descubrió una memoria USB con registros contables del cartel, en los que se detallaban los sobornos mensuales a oficiales de diversas jerarquías, desde coroneles hasta capitanes y tenientes. Estos pagos son parte de un sistema que ha permitido al Clan operar con relativa impunidad, comprometiendo la integridad de las instituciones encargadas de la seguridad en el país.

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