Por: Juan Pablo Liévano
Lo que hemos visto en los dos meses de Gobierno está a la altura de lo esperado. Un Gobierno que ha generado muchas expectativas y tiene muchos planes de cambio, sin embargo, desorganizado y carente de líneas claras de acción en los diferentes asuntos que deben beneficiar a la ciudadanía. El ambiente ciudadano y empresarial, que inicialmente era neutro o de preocupación moderada, se ha transformado en incertidumbre, no solo de la ciudadanía y los empresarios, sino también de los expertos. Existe además el temor de que se presenten y aprueben reformas inconvenientes e incluso ilegales.
En este escenario, la Corte Constitucional tiene la mayor importancia, como último bastión de las instituciones y el orden jurídico. No es posible, por muy buenas intenciones que se tengan, cruzar la raya de lo legal. Y en ese aspecto, el trabajo de la Corte será parecido al del Álamo texano. En esta historia se confunde el mito y la realidad. Cuentan que los patriotas texanos, ante la arremetida del ejército mexicano de López de Santa Anna, se hicieron fuertes en una misión franciscana llamada el Álamo, construida en 1718.
Era una modesta construcción, que tenía como destino ser centro de evangelización y que, por ello, contaba con escasas defensas. No eran más de 200 hombres, que resistieron heroicamente contra un enemigo que los superaba en número y armamento, pues el ejército mexicano contaba con alrededor de 6.000 hombres. Al final, los mexicanos se impusieron, pero el Álamo quedó como la muestra más grande de patriotismo, temple, resistencia y heroísmo. La Corte Constitucional tendrá un trabajo difícil y heroico en estos nuevos tiempos.
Defender las instituciones y la ley ante el “unanimismo” e ideas bien intencionadas pero inadecuadas. Será importantísimo su trabajo, con conceptos como el bloque de constitucionalidad, la cosa juzgada constitucional y la supremacía de los tratados internacionales. Las reformas, por lo tanto, deberán estar alineadas con la constitución, otras normas que hacen parte de ella y los tratados, al igual que no deberán modificarse decisiones de la Corte que ya son inmutables, vinculantes y definitivas.
No es de poca monta el trabajo que se le viene a la Corte Constitucional. Un Gobierno reformista, con mayorías parlamentarias, terminará en una plétora legislativa que requerirá, como nunca antes, un escrutinio constitucional más prolijo y alejado completamente de cualquier interés y presión política. Son nueve personas destinadas a interpretar y defender la Constitución, nuestros derechos y la seguridad institucional en un momento histórico. Preocupa, sin embargo, la integración futura de la Corte, pues una es la de hoy y otra será la de mañana. En el cuatrienio saldrán y se elegirán 6 magistrados. Hay que recordar que a los magistrados los elige el Senado de la República de ternas que tienen su origen en el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado y que, por lo tanto, podrían llegar magistrados más afines a las ideas del Gobierno.
Confiemos en que la Corte Constitucional será el Álamo, el último bastión, a falta de un Congreso más crítico y opositor, pero esta vez ese Álamo se mantendrá altivo, incólume y hermético, protegiendo la constitución en beneficio de todos los ciudadanos.
