Por: Felipe Rodríguez Espinel
En un giro preocupante para el desarrollo regional, los gobernadores del país han alzado su voz de alarma ante lo que consideran una amenaza inminente para el progreso socioeconómico de sus territorios. La reciente propuesta de ajuste en la distribución de las regalías para el bienio 2025-2026 ha desatado una tormenta política que pone de manifiesto las tensiones persistentes entre el gobierno central y las administraciones departamentales.
El Sistema General de Regalías se encuentra ahora en el ojo del huracán. Los gobernadores, a través de la Federación Nacional de Departamentos, han denunciado una falta de transparencia en el proceso de liquidación de estos recursos vitales, exigiendo explicaciones detalladas sobre las fórmulas utilizadas para proyectar los ingresos.
Esta controversia no es meramente una disputa burocrática sobre cifras y porcentajes. En el corazón del debate yace el futuro de proyectos cruciales para el bienestar de millones de colombianos: vivienda, alimentación escolar, infraestructura vial y otros programas sociales que dependen en gran medida de estos fondos. La reducción anunciada en el presupuesto del SGR amenaza con socavar los planes de desarrollo departamentales y municipales, poniendo en jaque años de planificación y expectativas de progreso.
El llamado de los gobernadores a la Contraloría General de la República para que actúe como garante en este proceso, pone en evidencia las fracturas en la relación entre los diferentes niveles de gobierno, sino que también subraya la necesidad urgente de un diálogo constructivo y transparente sobre el futuro del desarrollo regional.
La autonomía territorial, se ve ahora cuestionada por normativas que, según los mandatarios locales, limitan su capacidad para ejecutar proyectos y responder a las necesidades específicas de sus comunidades.
Con la volatilidad de los precios de los commodities y la creciente presión internacional para la transición hacia energías limpias, Colombia enfrenta el desafío de diversificar su economía y reducir su dependencia de los recursos naturales no renovables. En este sentido, la disputa sobre las regalías no es solo una cuestión de distribución de recursos, sino un debate sobre el modelo de desarrollo que el país quiere adoptar de cara al futuro.
La propuesta de los gobernadores de presentar modificaciones al proyecto de ley ante el Congreso abre una ventana de oportunidad para repensar el SGR. Lo que está en juego es mucho más que un presupuesto bienal. Se trata del compromiso de Colombia con un desarrollo equitativo y sostenible, donde las regiones puedan desplegar todo su potencial y contribuir al progreso nacional. La resolución de esta crisis requerirá no solo voluntad política, sino también una visión a largo plazo que reconozca la diversidad y las potencialidades únicas de cada territorio.
El camino hacia adelante debe estar marcado por la transparencia, la colaboración y un renovado pacto entre la nación y sus regiones. Solo así podremos garantizar que las regalías cumplan su propósito fundamental: ser un motor de desarrollo y bienestar para todos los colombianos, sin importar en qué rincón del país residan.
