Por. José Eliseo Baicué Peña
El siglo XXI ha traído nuevas implicaciones en el modo y calidad de vida de la humanidad. Pues, el desafío del mundo moderno es la socialización de la creatividad y la generación de formas de convivencia que permitan a todos desarrollarla.
Eso que hay un desplazamiento de la cultura política hacia la política cultural en el sentido fuerte de este último término. “La preocupación fundamental no será tanto el problema de la economía, ni el de los tipos de regímenes políticos, sino los temas culturales, el tema del sentido, del lenguaje, de las formas de comunicación y creatividad”, dijo el chileno Manuel Antonio Garretón.
Latinoamérica parece estar, aparentemente, acostumbrado a un paradójico y eterno estado de crisis. Recordemos que cuando terminó la guerra de Irak, las tormentas de diversas divinidades fulguraron sobre la pobreza de las víctimas del neoliberalismo económico, de la corrupción oficial, de la violencia de todos los colores, de la democracia desdibujada, de los golpistas y de los traficantes de los opios.
Se podría decir, que no ha quedado títere con cabeza. Las viejas instituciones públicas han colapsado. Y las privadas están muy ocupadas haciéndose competencia. Frente a este panorama, vale escuchar voces como las del novelista Rafael Humberto Moreno Durán, quien dice que ante la decepción de la política solo nos queda la opción de la cultura y, que, por consiguiente, cuando el político fracasa, sólo el artista es capaz de devolverle la dignidad al ser humano.
La Carta Magna de 1991, por primera vez en la historia incluyó a la cultura entre “los principios fundamentales”. En el título I, artículo 7º expresa: “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”.
No obstante, los gobiernos de turno hacen poco o nada en bien de la cultura.
Pues en la misma forma en que el Estado y sus instituciones defienden, incrementan y conservan la economía nacional, así mismo, se debería defender, incrementar y conservar con justicia la cultura.
La otra parte interesante del asunto es saber qué porcentaje de la población conoce ese soporte jurídico de la carta magna, con sus consabidos derechos y aplicaciones, y a la vez de estos, cuántos lo llevan a cabo. Así mismo, vale preguntarse cómo es la relación ciudadano–Estado y viceversa, en un contexto cultural aplicado donde unos y otros cumplan sus deberes y funciones. La cultura es todo.
