Se conoció que en el corregimiento de Santana Ramos, Caquetá, hay entre 70 y 120 grupos familiares confinados por enfrentamientos entre grupos armados, por lo que se cree que esta comunidad, podría desplazarse al municipio de Algeciras o Neiva, dada la cercanía con el territorio opita. “La cuota de asesinatos de líderes y firmantes de paz la ha puesto Algeciras”.
Al respecto, Johana Elena Rojas, defensora del Pueblo, señaló: “desafortunadamente la presencia estatal no están completa en los territorios, porque así tengamos toda la mejor intención, los órganos que tienen la competencia como la Policía en la zona urbana y el Ejército Nacional, tampoco se da abasto para proteger toda la región”.
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Afectaciones y normas por Disidencias
En este sentido, la funcionaria agregó. “La expansión de las Disidencias del Estado mayor de las FARC en el municipio de Algeciras, va en detrimento de los Derechos Humanos de la población, que los tiene en una zozobra y angustia permanente, ya que se están viendo expuestos a extorsiones, amenazas, desplazamientos e imposición de normas de control social y a restricciones de movilidad”.
Quienes más resultan afectados por el accionar de los armados, son los líderes comunales, los campesinos, la población rural y urbana, pues ellos imponen normas que de no ser acatadas, pueden poner en riesgo sus vidas. Tales como: horarios para poder movilizarse en las mañanas y las noches, aportes económicos ‘voluntarios’, para que ellos los cuiden, no portar cascos, estar afiliados a las juntas.
Y es que en informe de la Organización de los Estados Americanos, puntualiza: “los Grupos Armados Ilegales, (GAI), persisten en la imposición de justicia de facto como la expresión más significativa de este fenómeno, ya que conlleva a la sustitución de las funciones del Estado, y al mismo tiempo, a la ocurrencia de agresiones directas a la vida, libertad, integridad personal y seguridad física de la población”.
A través de estas acciones los GAI evidencian su poder y buscan aceptación por parte de las comunidades, aprovechando la debilidad de las instituciones en la prestación de servicios públicos, y en la regulación de asuntos inherentes a la convivencia ciudadana, a las relaciones personales y a los ámbitos administrativo, penal, civil, medioambiental, entre otros.
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Derechos Humanos y electorales
En este sentido, se promulgó por parte del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, la alerta temprana 030 del 2023, “que tiene que ver con los riesgos electorales por encontrarnos próximos a las elecciones regionales del 29 de octubre. Entonces allí también se enumeraron unos municipios con riesgo electoral, pero que ya se había monitoreado que también tienen riesgo de Derechos Humanos”, agregó Johana Rojas.
La funcionaria, añade que en ciertos municipios, donde tienen injerencia estos actores armados, se puede presentar la conminación para que la comunidad vote por ciertos grupos políticos o candidatos. Entonces se encuentran estos riesgos o se puede dar el más grave de todos, que es no permitir la realización de las elecciones (disidencias), por ello se encuentran evaluando estas probabilidades desde la entidad para formula estrategias frente a este tipo de situaciones.
Dentro de las poblaciones más afectadas por vulneración de Derechos Humanos y electorales, se encuentra la zona rural de Neiva, como lo es Vegalarga, Río Ceibas, San Luis, Algeciras, San Andrés, Tello y en las veredas Las Perlas, Río Blanco, Venadillo, Río Negro de Baraya.
Líderes y firmantes de paz
También se ha generado, el sistema de alerta temprana en los municipios de La Plata, Paicol y Nátaga, ya que han ocurrido hechos que permite inferir que la población viene siendo infligida por las reglas impuestas por los grupos al margen de la ley.
En cuanto al municipio de Algeciras, se puede indicar lo siguiente, las alertas y todos los documentos que ha emitido la Defensoría del Pueblo para indicar que efectivamente hay riesgo sobre personas, grupos y que hay alarmas sobre todo líderes y líderes sociales es otro mapa nacional que recoge la alerta temprana 019 del 2023. “Sobre la labor de personas defensores y defensores de Derechos Humanos líderes y líderes sociales y sus organizaciones toma una importancia sobre todo ello, por cuanto la cuota de asesinatos de líderes y de firmantes de paz la ha puesto este municipio”, añadió la defensora.
Esta alarma en marca el panorama de riesgo en el que se encuentra este municipio y sus veredas en las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el contexto del riesgo regional, es decir que estos hechos de violencia están directamente relacionados con el ejercicio del liderazgo, de aquellas personas que toman la vocería para hacer notar los derechos de una comunidad, principalmente presidentes de junta de acción comunal, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
Debido a que las alertas ya se consumaron, dado que ya hay desplazamiento forzado, los líderes han sido asesinados, desde el organismo, se analiza, se hace un monitoreo continuo y si se estructura una nueva alerta con los nuevos riesgos.
Y según denuncia del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) ha habido un preocupante incremento en los asesinatos de personas comprometidas con el acuerdo final de paz, sumando un total de 24 víctimas en lo que va del año.
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Alerta por posible llegada de desplazados
Desde la entidad, ya se encuentran revisando, si la municipalidad y el departamento cuentan con los recursos humanos y técnicos y físicos y económicos para atender alguna emergencia.
La Defensora, señaló que ya tienen conocimiento que en el corregimiento de Santana Ramos, perteneciente al departamento del Caquetá, hay entre 70 y 120 grupos familiares confinados por enfrentamientos entre grupos armados, por lo que se cree que esta comunidad, podría desplazarse al municipio de Algeciras o Neiva, dada la cercanía con el territorio opita.
“Pronto estas familias, se van a quedar sin comida y sin agua, porque no se pueden mover y quiere decir que necesariamente la Defensoría del Pueblo y las demás autoridades, deben rodearlas y permitirles un corredor humanitario para que lleguen hasta un lugar donde puedan pernoctar y donde se les entreguen unas ayudas humanitarias y el departamento deben por normatividad estar dispuestos a conferirlas”, agregó la funcionaria.
Así como ha sucedido en el Pato Balsillas o en el municipio de La Plata, donde se atendió a estas comunidades, afectadas por el conflicto armado.
