Juan Carlos Cortés G.
El 4 de septiembre Chile definirá en las urnas si adopta la Constitución escrita por su asamblea constituyente, en medio de la creciente desaprobación al nuevo gobierno y de encuestas que marcan un 51% a favor del desapruebo al proyecto y un 15% de indecisos.
El proceso constitucional en ese país se precipitó como la salida democrática a las tensiones sociales vividas en 2020, que propiciaron así mismo la elección del presidente Gabriel Boric, vocero de una nueva izquierda ideológica y generacional, progresista y disruptiva en el escenario político.
Hace más de treinta años Colombia encontró, en la Constituyente, el camino popular para darle viabilidad al Estado y sentar las bases de una democracia participativa y más incluyente, que solo décadas después se ha consolidado hacia a paz y la mayor igualdad.
Se enfrenta el país austral a un drama histórico como el vivido acá frente al referendo por el acuerdo para la terminación del conflicto armado, sin que haya claridad sobre la forma en que puedan superarse las expectativas frustradas, frente a una posible negación del texto constitucional.
La heterogeneidad de la constituyente chilena, reflejo de un país diverso que ahora se reconoce como integrado por varias nacionalidades, dio a luz un proyecto de carta política de corte liberal progresista en materia de derechos y con enfoque hacia un capitalismo social, con mayor intervención estatal en lo económico.
La propuesta constituyente presenta algunos rasgos de gran interés para animar nuevos desarrollos constitucionales y por su génesis y pretensiones, podría catalogarse bajo la lógica propuesta por Gargarella del derecho como una conversación entre iguales.
Entre los temas que más resaltan en el texto que tiene en sus manos el pueblo chileno, se pueden mencionar el reconocimiento de la democracia como paritaria, la aplicación del enfoque de género, el derecho a la identidad, el reconocimiento de las disidencias sexuales y a la no violencia por esta causa. Todas las instancias públicas en Chile serán paritarias si se aprueba la Constitución.
El reconocimiento constitucional de derechos en la era de la información, como el de acceso a medios digitales y servicios básicos de comunicación, la protección de datos personales y la aplicación de herramientas digitales para el ejercicio de la participación política y la educación tecnológica, así como la aplicación del estándar bioético para los desarrollos científicos y tecnológicos, son avances frente a los nuevos retos a los que se enfrenta el constitucionalismo.
El mandato por la promoción de una economía responsable, con empresas públicas municipales, una agricultura campesina e indígena, el estímulo de los mercados locales y el reconocimiento del estatuto constitucional de los minerales, así como la creación por ley de un sistema público de seguridad social y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, muestran un camino prioritario hacia la inclusión.
En el mismo sentido se aprecian los derechos a envejecer con dignidad y a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
La constitucionalización de los derechos reproductivos, tanto para proteger el embarazo y la procreación, como para permitir la interrupción voluntaria de aquel, y el derecho a la muerte digna, marcan el derrotero en materia de libertades individuales.
Es fuerte la protección que se otorga a los pueblos étnicos, como el señalamiento de responsabilidades en materia de protección al planeta, frente a un Estado que se reconoce ecológico, que consagra derechos de los animales y que asume el compromiso de prevenir y mitigar los riesgos de la crisis climática y ambiental.
La suerte de Chile impacta a América. Que su ruta siga siendo la de la construcción democrática.
