Por: Ernesto Cardoso
Ahora que tanto se habla de entrampamientos conviene observar con atención como es que la estrategia del gobierno, en su relación con las mayorías políticas que se expresan en el Congreso; conformadas por los partidos tradicionales Liberal, Conservador, La U; Cambio Radical y Centro Democrático; los tres primeros aliados del gobierno y los dos últimos en franca oposición; los cuales en su conjunto constituyen cerca del 63% del Senado y 65% de la Cámara; tal estrategia tiene mucho de cierta trampa con gran dosis de habilidad política e ideológica.
La propuesta del Canciller Leyva es quizá la más ridícula de esa especie. Pretender que la ONU conforme una comisión especial que investigue el entrampamiento a Santrich, presuntamente concertado entre la DEA y la Fiscalía Colombiana; parece una forma de delirio propio de su avanzada edad y de su conocida simpatía con las Farc. Por ello no es extraño que el propio presidente Petro la haya replicado, pues hace parte de una clara estrategia de mantener la polarización en torno del proceso de paz de Santos, fuente de estigmatización entre amigos y enemigos de la paz.
Desde luego, dicha polarización es indispensable mantenerla acrecentada para abrirle espacio a la llamada PAZ TOTAL, formulada como gran bandera de reconciliación y solución de todos los problemas que agobian a la sociedad colombiana. Mientras tanto, se multiplican las masacres, los asesinatos de líderes sociales, los homicidios, las extorsiones, el reclutamiento de menores, el regreso de los secuestros o “retenciones” que ya se realizan incluso contra los miembros de la fuerza pública; y en general, se incrementa la violencia y el accionar de la criminalidad en todas sus manifestaciones. Es decir, una clara estrategia de colocar contra la pared a la ciudadanía para que se convenza de que la paz total en la panacea del gobierno del cambio.
En el aspecto político de las relaciones entre ejecutivo, legislativo y judicial, abusando del principio constitucional de que cada uno tiene su autonomía e independencia pero deben colaborar armónicamente para la realización de los fines del Estado; se pretende colocar contra la pared a tales mayorías del Congreso para que apruebe sin modificaciones los proyectos de reforma a la salud, laboral y pensional, pues allí esta la esencia del cambio escogido por los colombianos al elegir a Petro y su Pacto Histórico.
Allí radica la trampa estratégica del gobierno. Si esas mayorías no acogen las reformas, es porque no quieren el cambio que significa mantener sus privilegios e intereses con los cuales han gobernado desde el siglo pasado, explotando al pueblo y negándole sistemáticamente sus derechos establecidos en la Constitución. Es decir, colocar en evidencia ante el pueblo que el gobierno defiende sus derechos pero que la clase política tradicional se opone ciega y rotundamente a aceptarlo, para que todo siga igual.
No cabe duda. Es una muy hábil estrategia propia del populismo demagógico para abrirle la puerta a una Constituyente que consolide la dictadura constitucional como ocurrió en la Venezuela de Chavez y esta intentando Boris en Chile. Lo de Nicaragua es caso aparte porque constituye una verdadera tiranía como la que implementó en su momento la familia Somoza.
Una vez hundida la reforma política que valga decir no tenía la misma trascendencia hacia los verdaderos objetivos del gobierno; las reformas al sistema de salud como al régimen laboral y pensional; si tienen indiscutible importancia estratégica para el gobierno Petro, dado que en ellas esta involucrado el sector privado como ejercicio de la libertad económica y del principio de la economía de mercado.
Con el proyecto de la reforma al sistema de salud, se hace evidente esa contradicción ideológica. Se propone un sistema totalmente público” para que la salud de los colombianos no sea un negocio corrupto de las EPS”, y reemplazarlo por el manejo burocrático del Ministerio de Salud, gobernaciones y alcaldías.
La apuesta estratégica es tan simple como eficaz. Si NO aprueban el proyecto es porque quieren mantener el negocio privado de las EPS y en tal caso, los únicos responsables serán los políticos de los partidos tradicionales con sus mayorías relativas en el congreso. Y si lo aprobaren, reclamará el gobierno del cambio que le esta cumpliendo a sus electores. Es decir, con cara gano yo y con sello pierde usted. Y si por desgracia la Corte Constitucional declara inexequible la ley por haberse tramitado como ordinaria y no como estatutaria, será culpa del matrimonio indisoluble entre los políticos y el sistema judicial. Así de simple.
