Por: Jaime Alberto Arrubla Paucar

Sorprendió al país un proyecto de Acto Legislativo que pretendía extender los periodos de todo tipo de funcionarios, de todas las ramas del poder público;  comenzaba por el Presidente, extendiendo a cinco años su período,  gobernadores, alcaldes,  congresistas y hasta magistrados de las altas cortes que pasaban a diez años. El pretendido proyecto  llevaba la firma de un grupo plural de  parlamentarios de todos los matices  políticos y con la misma fuerza que pretendió radicarse en el Congreso;  ante la presión mediática, el proyecto  se desvaneció  y se desintegró el número de patrocinantes y hubo que abortarlo.    Ahora, ¿por qué hacer referencia en esta columna por un intento frustrado?    Porque   dicho intento se viene repitiendo desde hace algún rato y si no se devela su origen, su impertinencia y  sus patrocinadores,  tarde que temprano volverán a presentarlo.

El frustrado intento de reforma a los periodos es lo más anticonstitucional y antidemocrático que hemos observado en los últimos años.   Los funcionarios que han sido elegidos por un periodo, cumplido su término, cesan en el cargo;  quedarse un segundo más es usurpar funciones públicas.  Ahora, todos estos periodos se encuentran señalados en la Constitución y solamente se podrían reformar por un Acto Legislativo, hacia futuro, para otros funcionarios, en principio; pero dicho acto  de reforma a la Constitución, podría ser  también inconstitucional, en la medida afecta  el equilibro de pesos y contrapesos diseñado en el misma Carta Política, la sustituye;  pero además, es antidemocrático, engaña a la opinión pública que dio su voto popular para algunos  de esos funcionarios, para un periodo determinado, que ahora aparecen extendidos por el Congreso y no por los votantes.

Como razones para sustentar la propuesta rodaron varias, todas equivocadas en grado superlativo.    Que por la pandemia los periodos se han visto afectados para cumplir los compromisos de campaña; nada más equivocado,  lo que cambiaron fueron los cometidos funcionales, para atender los nuevos retos; pero gestión para la pandemia y todas sus secuelas en salubridad en  el campo económico,  es lo que han tenido que desplegar los funcionarios, con mayor visibilidad y mayor gasto presupuestal;   que  se trata de hacer un ahorro en gastos, que se obtendría  con la concentración de lecciones en una sola jornada; a lo  mejor se ahorre en dinero, pero se pierde en democracia y los periodos de los  magistrados de altas cortes nada tienen que ver con ello; desluce su inclusión,  como dando un caramelo,  para obtener el favor de la rama judicial.

Ahora, este esperpento no salió de la noche a la mañana;  venía bien cocinado y orquestado,  no solo por los firmantes, sino por congresistas de talla mayor,  algún dirigente  de gremio municipal y dicen que también por  altos funcionarios del Estado.   Ello es lo más lamentable.   En  la política las ideas hay que exponerlas y sustentarlas, y correr con los riesgos de que sean o no aceptadas.  Enviarlas en forma camuflada,  en cuerpo ajeno,  sin asumir las consecuencias, desdice  de su ejercicio.    Los reales  originadores de la “brillante idea” deben revelarse para que las gentes  sepan a qué atenerse.  Es lo mínimo que debe esperarse en una democracia.