En un escenario cada vez más polarizado, la Fiscalía venezolana ha vuelto a citar a González, quien permanece en la clandestinidad, para que rinda cuentas por la polémica publicación de las actas electorales del pasado 28 de julio.
La advertencia es clara: si el excandidato no comparece, se emitirá una orden de aprehensión en su contra.
Edmundo González, figura de la oposición, ha sido citado por tercera vez en menos de una semana. Las autoridades acusan al excandidato de “usurpación de funciones” tras la publicación de las actas electorales en una página web, lo que ha sido visto como un desafío directo al sistema electoral controlado por el oficialismo.
El fiscal general, Tarek William Saab, anunció la nueva citación, programada para el viernes 30 de agosto, dejando en el aire la posibilidad de una escalada en las acciones legales si González no acude nuevamente.
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Desde la clandestinidad, González, de 74 años, ha rechazado las citaciones previas, alegando que no existen garantías de un proceso justo. Este argumento se enmarca en una estrategia más amplia de la oposición, que ha cuestionado repetidamente la legitimidad del sistema judicial venezolano.
En respaldo a González, María Corina Machado, otra líder opositora, ya ha declarado que el excandidato no acudirá a la citación, pidiendo además protección para él. Sus palabras subrayan el miedo a una posible detención arbitraria, un destino que parece cada vez más probable.
Las acusaciones contra González no se limitan a la publicación de las actas. El Ministerio Público lo investiga por una serie de delitos graves, que incluyen la “instigación a la desobediencia de las leyes” y “conspiración”, entre otros. Estas acusaciones se producen en un contexto de la violencia política en el país. El presidente Nicolás Maduro, en un reciente acto político, no dejó espacio para la duda al afirmar que tanto González como Machado deben enfrentar la cárcel por su supuesta responsabilidad en las protestas poselectorales, que dejaron un saldo trágico de 27 muertos, 192 heridos y más de 2.400 detenidos.
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