La senadora Aida Marina Quilcué, señaló que había algunos ministros, quienes no estaban cumpliendo con los mandatos del Gobierno Nacional, y esperan que los cambios realizados en el gabinete en los últimos días, se reorienten los proyectos de los distintos sectores que se encontraban ‘estancados’.
El presidente Gustavo Petro ya dio a conocer nuevos cambios en su en las carteras ministeriales.
A través de sus redes sociales hizo los anuncios de cambios en los ministerios de Interior, Justicia, Agricultura, Transporte y Educación.
Conflicto armado
En relación al fenómeno bélico que afecta a gran parte del país, Diario del Huila dialogó con la senadora Aida Marina Quilcué, quien señaló. “Tenemos unas graves problemáticas en el departamento del Cauca, porque la guerra se ha agudizado, pero en el caso del Huila, los municipios de Íquira y Nátaga, son focos fuertes de los actores armados. Además, tienen un impacto en económico y social en los pueblos”.
“Y la guerra se ha reactivado, primero porque hay quienes quieren alimentar el combustible de la guerra que es el narcotráfico. Tienen una estrategia para desestabilizar las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas y de esta manera controlar de manera completa el territorio y es ahí donde nos preguntamos ¿Cómo resistimos?”, agrego la política.
Y lo están haciendo con la Guardia Indígena y las autoridades ancestrales. Tienen una sólida e histórica organización como es el Consejo Regional Indígena en el departamento del Cauca con el que persisten y siguen luchando por la vida y la dignidad del territorio.
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Algunos ministros no cumplían
Los instrumentos y estrategias dependen del Plan Nacional de Desarrollo. “A veces son las instituciones y algunos ministros que no cumplen con las funciones que ha orientado el Gobierno Nacional”, dijo la parlamentaria.
Ahora esperan que los cambios realizados en los últimos días del gabinete nacional, se reorienten los proyectos de los distintos sectores que al parecer se encontraban ‘estancados’.
Ya en medio de su discurso en el contexto de las marchas del primero de mayo de 2024, el presidente Gustavo Petro se refirió a los problemas que ha tenido su Gobierno para aprobar los proyectos y reformas, incluso, aseguró que hay ministros en su gabinete que tienen miedo de impulsar dichos cambios, por lo que los invitó a dar un paso al costado.
El mandatario, realizó seis cambios en carteras como Justicia, Interior, Vivienda, Agricultura, Transporte y, ahora, Educación. En la posesión de algunos la noche del lunes, Petro reconoció que, aunque el cambio fue “drástico”, el objetivo es “reparar errores y detectar problemas estratégicos”.
Los nuevos ministros son: Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, Martha Carvajalino; ministra de Agricultura, María Constanza García, ministra de Transporte; Juan Fernando Cristo, ministro de Interior y Daniel Rojas, ministro de Educación.
Rutas de Atención a Víctimas
Ya en lo relacionado y denunciado por este medio de comunicación en la demora en la recepción de una declaración de una víctima que se presentó en el municipio de Acevedo, donde al parecer no atendieron a una persona que estaba sufriendo intimidaciones por hombres armados. La senadora dijo. “Tienen que acudir a las Personerías Municipales o Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para que ayuden en el cumplimiento de la Ley de Víctimas de los entes territoriales”.
En este sentido una defensora de derechos humanos, recepcionó, una denuncia de un padre quien le expresó. “Soy víctima por un grupo armado, tengo un hijo que se encuentra estudiando y no he querido involucrarlo a él, a pesar de que es conocedor de la situación que vivimos”.
“En el tema del ‘defensor’ fui a la Personería en Acevedo, allí le dije a la secretaria que por favor me colaborara pues éramos víctimas, me investigó, luego me dijo que el tema, no era de su competencia. Volví a preguntarle por el funcionario, y ella me expresó que de pronto me atendía, minutos más tarde me dijo: vaya directamente al municipio de Pitalito”, señaló el declarante.
Por fin lo atendieron en el Valle de Laboyos y le indicaron que se dirigiera a la Alcaldía, allí la funcionaria le dijo: “¡debe traer al niño! y no pudimos llevarlo, porque no alcanzábamos en la motocicleta, también, que ese proceso había que realizarlo donde nos encontrábamos radicados”.
“Por estos hechos necesitó urgentemente ayuda. Somos tres personas, y debo cuidar a un adulto mayor”, finalizó la víctima.
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Menores en riesgo
Hay que recordar que ante esta grave problemática de la que son víctimas los niños, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 015 de 2024, en la que advierte un grave riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los municipios de Íquira y Páez, Cauca y sus áreas rurales. Algunos de ellos con pertenencia indígena, afrocolombiana o campesina.
Asimismo, sus núcleos familiares, además, enfrentan amenazas si hacen las denuncias, lo cual los pone en riesgo de desplazamiento como mecanismo de autoprotección.
La alerta temprana advierte sobre la vinculación de los menores a los bloques Occidental y Jacobo Arenas, a través del frente Dagoberto Ramos, en Páez, y al bloque Central ‘Isaías Pardo’ con el frente ‘Ismael Ruiz’ en Íquira, ambas organizaciones pertenecientes al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc. El EMC tiene el control hegemónico en la zona limítrofe entre Huila y Cauca.
En el caso de las comunidades indígenas y afrocolombianas, los hechos de vinculación de menores de edad a grupos armados ilegales constituyen un perjuicio irremediable y riesgo desproporcionado. A ello se suma el subregistro, lo que impide dimensionar la magnitud del fenómeno. Adicionalmente, corren peligro personas defensoras de derechos humanos y liderazgo social.
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Enfrentamientos y desplazamiento
Asimismo, la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, presentó el boletín correspondiente al mes de junio de 2024, donde se revela un panorama preocupante en materia de desplazamiento forzado, confinamientos y riesgo de desplazamiento y confinamiento en el país.
Durante junio de 2024 se registraron 21 eventos de movilidad humana forzada, distribuidos de la siguiente manera: 5 casos de desplazamiento forzado masivo, 2 eventos de confinamientos y 14 eventos que implicaron riesgo de desplazamiento y confinamiento.
Además, persisten las confrontaciones entre los diferentes actores armados y se presentan disputas por el control de los territorios y las economías ilícitas cuando son al margen de la ley, además de los eventos generados en el marco de las distintas operaciones realizadas por el Ejército Nacional en contra de estos grupos. Preocupa la grave situación de confinamiento que se viene presentando en el bajo Cauca antioqueño, donde 18.000 personas aproximadamente se encuentran con restricciones a la movilidad. Continúan los eventos en los departamentos de Nariño y Cauca, territorios en los cuales se suspendió el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las extintas FARC. Se exhorta a las autoridades encargadas del cumplimiento a la política pública de atención a víctimas, para que cuenten con las herramientas necesarias que garanticen una atención efectiva y eficaz en el marco de todas las emergencias que se vienen presentando a nivel país.
