Por: Ernesto Cardoso Camacho
La dinámica de la política y del ejercicio del poder, han llegado a un punto en donde se cruzan para despejar los nuevos caminos que transitará el sistema democrático colombiano.
El gobierno liderado por Petro ha convocado a cerra filas a sus más fieles seguidores, para enfrentar el antagonismo de unos partidos que, a pesar de su desgaste, han logrado concertar unas mayorías en el congreso, dispuestos a frenar las reformas con las cuales se pretende hacer el cambio prometido por la amplia coalición del Pacto Histórico, con el fin de eliminar las desigualdades sociales enquistadas en los gobiernos de la derecha.
La reforma al sistema de salud ha sido la ocasión propicia para medir el enfrentamiento político entre el gobierno y sus opositores. El fondo de las discrepancias tiene un alto contenido ideológico en la medida en que la reforma busca acabar el sistema mixto diseñado en la Ley 100, para regresar a un modelo estatista como el que conocimos con el Seguro Social.
La disputa ha sido tan intensa que el gobierno la trasladó a las calles en donde no se ha hecho esperar la reacción ciudadana en defensa del sistema, aunque existe amplio consenso ciudadano en que este debe conservarse, pero es indispensable hacerle ajustes que lo hagan más eficiente y de mejor calidad.
Como era apenas natural ha llegado la hora de la verdad. Paso en Cámara pero en Senado está a punto de hundirse la reforma en su discusión en la Comisión séptima, donde 9 de 14 senadores anunciaron su voto por el archivo del proyecto. A última hora el gobierno pretende salvarla con proponer una ponencia alternativa.
Lo que se percibe permite presumir que se impondrán las mayorías concertadas por los senadores de los partidos de derecha, lo que habrá de representar una gran derrota política para el presidente Petro. Quizá este sea el resultado de la tozuda postura ideologizada y retadora del gobierno.
Por otra parte y de manera simultánea, ha sido elegida la nueva Fiscal General de la Nación, hecho de enorme trascendencia política por las circunstancias bien conocidas en que se desarrolló el proceso de elección. La jugadita de la candidata favorita del presidente que buscó torpedear la elección o de generar un manto de duda acerca de la legitimidad legal de la decisión de la Corte, ha causado una justificada indignación, por el inusitado mecanismo de renunciar a su postulación cuando el proceso ya estaba consolidado.
Como si fuere poco la libertad de Mancuso para oficiar como gestor de paz ha sido negada con fuertes argumentos jurídicos por el Magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, decisión que constituye también un duro revés para el presidente y su gobierno. Como dice el refrán popular “se ha juntado el hambre con la necesidad”.
Estos trascendentes acontecimientos ocurridos en forma casi simultánea podrían ocasionar una de dos consecuencias. El presidente asume una actitud humilde de grandeza y convoca a una verdadera unidad nacional que permita el curso consensuado de las necesarias reformas legales; o por el contrario decide implementar las reformas por decreto como lo ha anunciado midiendo el terreno, pues debe saber que es imposible pasar por encima del congreso, pues tal conducta lo conduciría a demostrar sin dobleces que quiere convertirse en dictador rompiendo el esquema institucional del equilibrio de poderes, principio esencial del sistema democrático.
En estas circunstancias parece ser que ha llegado lo inevitable. La hora de la verdad para saber a ciencia cierta cuál es el verdadero talante del presidente y si su soberbia mesiánica la pondrá por encima de los legítimos derechos constitucionales y legales de todos los colombianos. O si es verdad que respeta las instituciones democráticas y se comporta como un jefe de Estado que esta dispuesto a unir y no a dividir, a gobernar y no a seguir en campaña, a concertar las voluntades de todos los sectores sin renunciar a sus principios y convicciones ideológicas.
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