Por: Ernesto Cardoso Camacho
Es curioso observar como una de las principales características de la constitución del 86 era la del Estado Unitario Centralista, donde el poder político se concentraba en Bogotá y los departamentos y municipios giraban en torno a ese poder centralizado, y en donde los llamados territorios nacionales, intendencias y comisarías, eran las cenicientas del presupuesto nacional.
Con la Constituyente del 91 se quiso dar un golpe mortal al agobiante centralismo, pero dicha intención termino siendo en buena parte un juego de palabras al establecerse el Estado como “…. República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana……..”.
Digo que un juego de palabras porque si examinamos con rigor histórico lo sucedido en estos últimos 30 años de vigencia de la nueva Carta Política, el poder sigue estando localizado en Bogotá, desde donde en los escritorios de los burócratas de siempre, se siguen definiendo las políticas públicas, los presupuestos y las inversiones más trascendentes para atender las crecientes necesidades de la población.
Por su parte, la democracia representativa que fue sustituida por la de participación ciudadana, en gran medida ha quedado en manos del Congreso porque finalmente es este órgano político el que aprueba el presupuesto general de la Nación; mecanismo a través del cual se acrecentó el clientelismo con los llamados cupos indicativos luego reemplazados por la famosa mermelada. Por otra parte, para el real ejercicio de los mecanismos constitucionales que desarrollan el concepto de la participación como el plebiscito, el referendo, y los de reforma constitucional como los actos legislativos y la Constituyente, requieren trámite previo del legislativo.
En tales circunstancias el poder del ciudadano en nuestro Estado Social y de Derecho ha terminado siendo una ilusión, pues éste ha quedado reducido a su derecho de elegir a quienes realmente ejercen y usufructúan el poder político.
En este amplio contexto es que la definición de nuestra nacionalidad como “país de regiones” y de nuestra identidad cultural como “diversa y pluralista”; encuentra su verdadero sentido cuando hablamos del territorio y de quienes habitan en él.
Por tanto, es aquí donde cobra su singular importancia la organización territorial del Estado definida en los artículos 288 y siguientes de la Constitución, desarrollada a través de la Ley Orgánica 1454 /11 y finalmente aterrizada en las denominadas Regiones Ad/vas de Planificación o RAP cuyo marco legal ha quedado definido en la Ley 1962/20 y su decreto reglamentario 900/20.
Las anteriores consideraciones se dirigen entonces a establecer una realidad imperativa que hoy por hoy debe orientar el desarrollo regional, como única y eficaz alternativa para derrotar ese centralismo político clientelista que absorbe los mayores recursos y agrede el concepto de autonomía de las entidades territoriales consagrado en la Carta.
En consecuencia, la gran mayoría de departamentos han organizado sus propias áreas territoriales para el desarrollo regional, agrupándose concertadamente en el propósito de ahorrar costos y multiplicar sus recursos para atender eficazmente las necesidades de sus habitantes.
De allí surge una verdadera revolución institucional que habrá de significar la oportunidad histórica de garantizar la recuperación económica y social que exigirá la devastación ocasionada por los efectos de la pandemia.
Por lo anterior es indispensable preguntarnos los huilenses si la dirigencia que tenemos es consciente de tal realidad imperativa y si están actuando en consecuencia. Cada día que transcurre sin moverse ágilmente en esta dirección es una oportunidad perdida de la que las víctimas seguiríamos siendo las opitas y el lacerado sur-colombiano, donde existen promisorias esperanzas.
Aquí es pertinente preguntarnos. ¿Por qué tanta pasividad y resignación con los injustificados retrasos en la infraestructura vial estratégica de la región?
