Por: Yefer Vega
En el texto que escribió para la «Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas» creada en el marco de las negociaciones de paz con las FARC, Francisco Gutiérrez Sanín, uno de los académicos que más conoce las dinámicas y dimensiones de la guerra en nuestro país, señaló que uno de los factores que dio origen al conflicto armado en Colombia está relacionado con la precaria representación política que ha tenido nuestro campesinado a través de la historia.
Por ejemplo, de acuerdo con Gutiérrez Sanín, durante el Frente Nacional se construyeron formas de representación profundamente excluyentes según las cuales se asumía que los campesinos quedaban representados de manera adecuada por los gremios económicos del campo. En teoría, estos gremios representaban, en su conjunto, a los habitantes del campo y, en consecuencia, hablaban por ellos. Sin embargo, la realidad ha mostrado que los intereses y demandas de los campesinos a través del tiempo han ido quedando por fuera de la agenda política debido a este déficit de representación. Así, desde hace décadas, el Estado no ha logrado crear escenarios óptimos de interlocución que le permitan interactuar con los campesinos, ni a estos la posibilidad de tramitar legalmente sus demandas de justicia social frente al Estado.
Esta situación ha generado una doble crisis para los campesinos del país: por un lado, los ha expuesto a unas profundas dinámicas de discriminación económica y social que se puede constatar al revisar los bajos índices de los indicadores sociales que ubican a los campesinos por debajo del resto de la población. Por otro lado, aunque cada vez que hay campañas electorales se reivindica el papel de los campesinos y su importancia para el país, esos discursos no compensan la escasez de políticas públicas que garanticen efectivamente sus derechos.
Este gobierno ha avanzado en reconocer la existencia del campesinado a través de darle visibilidad en sus cifras y estadísticas. Muestra de ello es el trabajo que desde 2018 ha adelantado el DANE por la inclusión de los campesinos en el censo poblacional gracias a un esfuerzo que, luego de una orden de tutela de la Corte Suprema de Justicia, ha combinado la participación de las organizaciones de la sociedad civil campesina, la academia y los órganos de control.
No obstante, si bien lo anterior es un logro que es necesario reconocer, no puede ser considerado una victoria hasta tanto ello se traduzca en un reconocimiento efectivo de los derechos de los campesinos y en la construcción de políticas públicas con enfoque social que permitan hacer frente a décadas de exclusión de este importante sector de la sociedad colombiana.
La pandemia puso en evidencia que llegó la hora del campesinado. Esto supone que para enfrentar esta guerra que no cesa y reconocer sus derechos, las administraciones locales, departamentales y del orden nacional, deben lograr articular de manera plena la implementación de la reforma rural integral pactada en el Acuerdo de Paz. Adicionalmente, como lo dispone la la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos, deben garantizar la existencia de espacios de participación real en los que el campesinado pueda hacer parte de la toma de decisiones sobre sus territorios y las formas en que se explotan sus recursos naturales de forma sostenible, prudente y equitativa, y que sus preocupaciones sobre el medio ambiente sean incluidas en los planes de desarrollo. Se trata de una deuda histórica que estamos en mora de saldar.
