Por: Aníbal Charry González
Se dice que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por las funciones que tiene de acuerdo a la Constitución de carácter judicial, como que le corresponde conocer de las denuncias penales y disciplinarias contra el Presidente, el Fiscal y los magistrados de las altas Cortes, tiene un rol fundamental en el funcionamiento de la democracia, pero desgraciadamente en la realidad es una célula inoperante y sinuosa, que por su conformación de origen netamente político, por no decir que politiquero, está muy lejos de cumplir con esa trascendental misión, por lo que resulta urgente y necesario una reforma constitucional, que solo puede hacer el constituyente primario como ya lo dijo la Corte Constitucional, para reemplazarla por una Corte de Aforados que tenga legitimidad y credibilidad.
Y digo que es inoperante porque en 50 años de funcionamiento solo ha acusado a 3 dignatarios: a Rojas Pinilla por indignidad, que posteriormente fue absuelto, y a 2 magistrados, ¡uno de la Corte Constitucional y otro de la Corte Suprema y solo cerró una investigación contra Belisario Betancur después de más de 20 años y eso por su fallecimiento! Tiene más de 1.200 procesos represados contra aforados que deben surtir 6 instancias, y ser sustanciados y resueltos por integrantes de la Comisión que además de politizados, no tienen formación para cumplir rectamente con sus funciones porque no hacen parte de la rama judicial.
Y es sinuosa, por no decir castizamente que torcida, en el entendimiento de que tratan de ocultar por su misma conformación su verdadero fin constitucional, y para muestra la actual presidida por una joya que tiene varias investigaciones en la Corte Suprema que es su juez natural, como lo denunció Daniel Coronel: el representante Wilmer Carrillo del partido de la U, procesado por la Corte por delitos de corrupción y llamado 2 veces a indagatoria, y en la vicepresidencia el hijo del ex jefe paramilitar Jorge 40, Jorge Tovar Vélez elegido representante con el apoyo de Duque, y para mejor integración de la Comisión, se eligió también a Wadith Manzur a quien investiga la Corte por el robo de los Ocad Paz, y a la representante liberal Kelly Johana González que llegó a la Cámara por los votos de su esposo Rodrigo Roncallo, condenado por la Corte por parapolítica. Mejor dicho: una Comisión de Acusación peor que siempre.
Uno se pregunta: cómo es posible que se postulen y elijan esa clase de cuestionados personajes para investigar y acusar dignatarios, y especialmente a sus jueces naturales en la Corte que los investiga para convertirse en una amenaza contra ellos, sino es producto de los pactos politiqueros de siempre en el Congreso, sin ningún respeto por las instituciones cuando se sabe que deben cumplir funciones judiciales, que hace imperativo reformar esta vergonzosa Comisión que por supuesto no podrá salir de ese foco de contaminación, y que fatalmente no puede hacer el constituyente primario, porque necesita insólitamente el aval de los que no quieren reformarse. También estamos condenados en este asunto.
