Por: Carlos Tobar
Un informe del Diario del Huila sobre los problemas de seguridad en la región ha despertado gran preocupación en la ciudadanía, por la expansión incontrolada de los grupos armados organizados (GAO). En un mapa del departamento que acompaña la noticia se ubican los frentes y comisiones delincuenciales que, operan en el territorio.
La descripción de este cuadro es impresionante, como quiera que, en la práctica no hay una zona libre de este accionar delictual. A lo largo y ancho del departamento, operan grupos armados que se han convertido en un dolor de cabeza para los ciudadanos, especialmente del sector rural, sin que se escape de sus presiones indebidas, sectores urbanos.
Se señala en el informe que, la mayor intensidad del accionar delictual de estos grupos, lo sufren en el sector oriental, los municipios de Baraya, Tello, Gigante y Algeciras. Mientras en el sector occidental el municipio más afectado es La Plata, así como su entorno incluyendo áreas del departamento del Cauca.
Las actividades delincuenciales más preocupantes son el reclutamiento forzado de menores de edad que, afecta especialmente a comunidades indígenas, la extorsión generalizada, urbana y rural, el desplazamiento de comunidades amenazadas por la violencia, hechos todos que causan gran incertidumbre.
La sensación de inseguridad e impotencia en la región surcolombiana y, en buena parte del país, es el signo preponderante de los tiempos que corren. Varios analistas del acaecer político señalan que, en buena medida ha estado estimulada por la política de “Paz Total” impulsada por el gobierno nacional.
Aunque el objetivo de esa política es desarmar a todos los grupos que delinquen en el país, una aspiración plausible, “negociar” la paz con organizaciones que fundamentan su existencia en actividades ilícitas: narcotráfico, minería, extorsión, secuestro…, es un contrasentido.
La táctica oficial ha sido convocar a los diálogos con todos los actores de la violencia, tengan justificación ‘política’ o no, para lo cual el estado ha bajado la presión militar que habitualmente han ejercido las fuerzas militares y de policía. Se busca que, con esta política de buena voluntad los diferentes grupos ilegales se integren a la “Paz Total”.
El proceso que lleva ya dos años ha sido difícil y proceloso, sobre todo afectado por el incremento de las masacres y los asesinatos de líderes sociales, uno de los sectores supuestamente beneficiarios de esta política. Las complejas y difíciles negociaciones con el
ELN, las disidencias de la antiguas Farc, la nueva Marquetalia, el Clan del Golfo y los grupos abiertamente delincuenciales, parecieran no llevar a ninguna parte.
Mientras tanto, la sociedad, como es el caso de la huilense, sufre las contingencias de la violencia creciente y los actos delictuales correspondientes. Ya va siendo hora de que el gobierno Petro, nos indique, con acciones concretas, cómo vamos a recuperar la tranquilidad perdida.
Neiva, 19 de agosto de 2024
