Por: María Clara Ospina
El Acuerdo de la Habana que obtuvo para Juan Manuel Santos su ambicionado Premio Nobel, dejó a Colombia embarcada en un defectuoso y peligroso acuerdo con las FARC. Dicho acuerdo, prácticamente, aceptaba la impunidad de esos narcogerrilleros a cambio de poco, o nada. Hasta ahora, con pocas excepciones, no ha sido más que una cadena de fiascos.
Lo más importante del acuerdo, naturalmente, era la entrega de armas de las FARC; algo que hicieron, parcialmente, con toda clase de fanfarria, y la promesa de no volver a tomarlas, algo que fracasó estruendosamente con la conformación de las disidencia, cada día más numerosas. Hoy son más de 5 mil hombres, bien armados y con abundante dinero a su disposición, pues el narcotráfico les está llenando los bolsillos a una velocidad vertiginosa.
Desde El 29 de agosto de 2019, Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, quien renegó del acuerdo, del cual fue negociador principal, declaró por medio de un video en YouTube desde algún lugar de la frontera colombo- venezolana, que retomaba las armas y creaba “la Segunda Marquetalia”.
A su lado posaban, sacando pecho, algunos de los peores criminales de las FARC, entre ellos: el nefasto “Santrich”; “El Paisa”, responsable, entre otros crímenes, por la bomba de Nogal y “Romaña”.
Estos asesinos, “glorificados” por los Acuerdos de la Habana se burlaron descaradamente del Acuerdo de la Habana, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), las víctimas, los países garantes, el comité del Nobel y la comunidad internacional que los había aplaudido y homenajeado.
Peor aún, se burlaron de los colombianos, quienes muchas veces en contra de nuestro instinto, estuvimos dispuestos a perdonar y olvidar sus crímenes, por el bien común y por lograr la tan ambicionada paz.
Y, luego vino la hecatombe en que se fueron convirtiendo los fallos de la JEP, cada vez más arbitrarios y dispuestos, aparentemente, a aceptar la impunidad a las FARC. El mundo y los colombianos mirábamos atónitos lo que ocurría.
Pero, parece que la JEP, después de presenciar las declaraciones de los secuestrados de las FARC, de oír de tanto dolor, horror y humillación, han, por fin, reaccionado.
El 29 de enero la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre, afirmó: “Privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”.
Ocho de los altos mandos de las narcogerrillas FARC, hoy jefes del partido político FARC, recién rebautizado como partido “Comunes”, han sido acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se los acusa por su responsabilidad en cerca de 21.400 “privaciones graves de la libertad”, cometidas entre 1993 y 2012 y otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, vejaciones extremas, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
Los líderes de las FARC, Timochenko y parte de su bancada en el Congreso, tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas o rechazar las imputaciones. Según el Acuerdo de Paz, de no hacerlo se exponen a ser condenados hasta a 20 años de cárcel. ¿Será que por fin la JEP se puso las pilas? ¡Habrá finalmente una justicia que garantice la paz!
