El rincón de diana
Por: Diana Montes
En la pasada legislatura, el Congreso de la República aprobó el Acto Legislativo 03 de 2023, por medio del cual se modificó la Constitución Política y se creó la Jurisdicción Agraria y Rural. Esta jurisdicción tiene como propósito descongestionar y darle celeridad a los procesos judiciales en los que se han visto envueltos campesinos, a propósito de los conflictos de tierra. La demora en la justicia es uno de los elementos que constituye la impunidad, y esta nueva jurisdicción tiene como propósito restaurar el estado de cosas de derecho para la población campesina, que como veíamos en la anterior columna ha sido vulnerada históricamente.
Por supuesto, como sucede en cualquier democracia sana, salieron las voces opositoras. Acusaban al proyecto de ser una reforma agraria velada y agitaron el fantasma del socialismo y la expropiación. El temor de este sector político está parcialmente justificado: dado que gran parte de la tierra que hoy le pertenece a los latifundistas ha sido despojada de los campesinos en procesos violentos e ilegales de expropiación, restablecer los derechos de propiedad vulnerados a los campesinos equivaldría casi a una reforma agraria.
Sin embargo, se equivocan, porque una reforma agraria no buscaría solamente restablecer derechos de propiedad vulnerados, sino también confiscar la tierra legítimamente adquirida de los latifundistas. Cabe mencionar que hay corrientes del liberalismo radical que incluso propugnan por la nacionalización total de la tierra (me refiero aquí al economista francés León Walras, padre de la teoría del equilibrio general). En lo que no tienen nada de razón estas voces opositoras es en el socialismo y la expropiación que perseguiría este proyecto. Al contrario: la jurisdicción agraria pretende devolverle los derechos de propiedad ilegalmente vulnerados a los campesinos; esto es lo opuesto de una expropiación, pues los expropiadores estarían en el banquillo de los acusados. El reino del derecho y de la ley, la lucha contra la impunidad y el mínimo sentido de justicia no equivalen a socialismo; estos son los valores de las democracias liberales avanzadas, y hacia allí debemos dirigirnos como país.
