Por: José Feliz Laufaire Rivera
Qué difícil hablar del derecho a la tenencia y porte de armas, que Fedegán defendió cuando asesinaban, secuestraban y extorsionaban ganaderos por doquier, hasta la llegada de la Seguridad Democrática en 2002. Qué difícil hacerlo con el estigma del “ganadero paramilitar”, impulsado por las Farc y la izquierda durante años; una ofensa a 600.000 colombianos dedicados a la ganadería y víctimas de la violencia.
Habíamos mantenido una posición distante frente al debate, pero Santos renunció a la Seguridad Democrática y, bajo la presión de las Farc, de Chávez y de Correa, prohibió la aspersión aérea y el narcotráfico resurgió violento para garantizar el control territorial en el campo y del microtráfico en las ciudades, con armas que entraban a granel por las fronteras, mientras Santos, otra vez presionado por las Farc y por sus ansias de Nobel, en 2015 modificó un decreto de 1993 para hacer imposible el porte legal de armas, y con ello desarmó a quienes no debía, a los ciudadanos de bien, con una medida que se volvió permanente.
Año tras año, con el mismo “corte y pegue” de una sentencia de la Corte Constitucional, según la cual “el porte de armas promueve la violencia…”, se ha promovido la violencia contra ciudadanos inermes, por parte de bandidos que los saben indefensos.
Estados Unidos, que tiene más armas que habitantes, redujo los homicidios en 49% desde 1993. En Colombia, en 2015 hubo 11.585 homicidios, 9.137 con armas de fuego, y en 2020 hubo 12.016, de los cuales 9.107 con armas de fuego. ¿Qué ha mejorado? Nada. ¿Cuántos se habrían evitado si el bandido sospechará siquiera que su víctima potencial podía estar armada? Esa es la pregunta.
En 2020 hubo 95.636 hurtos a personas; 11.776 al comercio, 2.860 vehículos robados y 8.628 motos. El comercio está asediado por la extorsión y el atraco; el campo por la extorsión y el abigeato, y ya volvimos al macabro conteo de muertos. En Bogotá, la combinación de microtráfico, migración, pandemia, y desconexión de la alcaldesa con la Policía Nacional, nos ha llevado a una aterradora situación de inseguridad.
El problema no son las armas legales, que hoy están guardadas, sino las ilegales que paga el narcotráfico. Según el CERAC, antes de 2016 había 900.000 armas con permiso y 2,5 millones de armas ilegales, pero según “The Small Arms Survey”, en 2017 eran ¡más de 4,2 millones!
Igual muchas. ¿Quién las tiene? Las disidencias, los elenos, las mafias, los ladrones de celulares y bicicletas, y los miles de microtraficantes de barrio. Ninguno necesita el “permiso especial” que se inventó Santos para desarmar a los que no debía.
Creo en el monopolio estatal de las armas y en nuestra Fuerza Pública, pero ante una situación de violencia desbordada, creo también en el derecho constitucional a la legítima defensa, que a ningún hombre libre se le puede negar.
