Sin lugar a ninguna duda, el hecho más importante de esta semana lo constituyó la aprobación del proyecto de “Ley de inversión social¨, promovido con inteligencia y gran sentido común y político, por el Ministro de las Finanzas públicas, José Manuel Restrepo con el fin de recaudar más de 15 billones de pesos para sufragar el aumento del gasto social generado por los graves daños a la economía nacional causados por el virus Covid-19 y por la denominada “Protesta pacífica”, la cual resultó violenta, dañina, destructiva y con fines politiqueros.
La carga impositiva de esta reforma la asume el sector empresarial y no, como lo pretendió el exministro Carrasquilla, tocando el IVA y las cargas consenso entre los sectores políticos representados en el Congreso para su aprobación, a excepción, curiosamente de algunos congresistas que dicen ser defensores de las clases populares, cuando de verdad de lo que se trata es de financiar medidas de alto contenido social, como la extensión del ingreso solidario hasta diciembre del año 2022, la ampliación del programa de apoyo al empleo formal (PAEF) para las pequeñas y medianas empresas, incentivos para la creación de nuevos empleos para los jóvenes, matrículas cero para estudiantes de estrato 1, 2, y 3 para la educación superior en las universidades públicas, apoyo a los sistemas de transporte masivo, reducción de las deudas de multas por infracciones a las normas de tránsito de motocicletas, entre otras.
De otro lado, no entendemos la absurda demora del gobierno nacional de haber sostenido en el cargo a la Ministra Karen Abudinen criticada duramente por la opinión pública y por todos los sectores políticos sin excepción, por las fallas en el contrato suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados para la provisión de internet a 7.277 centros educativos oficiales, en zonas rurales del país de 15 departamentos. Los funcionarios del ministerio advirtieron tardíamente que el mencionado consorcio había presentado garantías falsas, supuestamente expedidas por el Banco ITAU y obtuvieron un anticipo por 70 mil millones de pesos.
A pesar de que la ex ministra sostiene, “Nunca dude en renunciar al cargo”, y así haya procedido a declarar la caducidad del contrato y a formular las denuncias y acciones correspondientes, la verdad es que le causó un grave daño a la imagen del Gobierno Nacional.
ADENDUM- Todavía nos sentimos contagiados de la euforia que causó el triunfo de la selección Colombia sobre el equipo de Chile. Su juego, especialmente el de la primera parte, es el que queremos seguir viendo.
