Por: Aníbal Charry González
Recientemente el Presidente Petro sostuvo que “La inseguridad es la consecuencia de la impunidad. Así que hay que derrotar la impunidad”. Quien puede discutir el aserto presidencial en este país paraíso de la impunidad para la delincuencia de todo pelaje, comenzando por la llamada delincuencia de cuello blanco de los que han gobernado, desde la Presidencia cometiendo crímenes atroces para salvar la patria, hasta los más bajos niveles de la administración pública que son los que más daño hacen a la sociedad con el asalto sistemático al presupuesto público, que delinquen en la más rampante impunidad -así, con morosidad y laxitud la justicia condene a algunos de esta laya, que son los más peligrosos -, por lo que no cabe duda que la mayor empresa pública que tenemos es derrotar la impunidad.
Lamentablemente, siendo una realidad patente esta afirmación, el Estado de manera sistemática se ha desgastado para poder derrotar la impunidad, aplicando sistemas penales como el que actualmente tenemos, hecho a la medida de la delincuencia, y el acudir a toda suerte de amnistías y negociaciones en medio de su impotencia para garantizar la seguridad, y lo que es todavía más grave, sin tener un juez serio e incorruptible para los aforados constitucionales, con un efecto devastador para la sociedad con este mal ejemplo que cunde como mala hierba para que la sociedad delinca masivamente a sabiendas de esa impunidad.
Por eso siempre estamos hablando de combatirla sin dientes con una justicia precaria, desgraciadamente contaminada por esa misma impunidad, y para colmo de males politizada en el peor de los términos, como ahora lo estamos haciendo con una comisión de expertos que todavía no saben que es lo que quiere el Estado para atacarla cuando estamos doctorados en ella, y de ahí que se propongan iniciativas como la que ha hecho la Justicia Penal Militar y Policial, que plantea la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad que apoye a nuestra impotente justicia, a la que desde ya sin mirar su conveniencia en un país que ha fracasado estruendosamente para enfrentarla, sosteniendo que se trataría de una intromisión a la soberanía de la justicia cumplida que nunca hemos tenido, como lo hace el director de la Corporación Excelencia de la Justicia, Hernando Herrera, afirmando que la propuesta es “totalmente desconsiderada con el trabajo que la justicia en general ha hecho en Colombia”.
Lo cual deja pasmado al ciudadano, que creen caído de la loma y se pregunta entonces como es que nos hemos convertido en el reino de la impunidad, donde si bien se condenan algunos delincuentes del tesoro público, lo hacen después de 15 años de haber cometido sus fechorías y pagan sus condenas irrisorias en cárceles 5 estrellas muertos de la risa, a excepción del bandido exsenador del partido liberal Mario Castaño, que murió en la cárcel como caso único en la historia, que nos comunica que será muy complicado que podamos tener verdaderos dientes para combatir la impunidad, sino acometemos una reforma seria e integral a la justicia.
