Por: Juanita Tovar Sandino
Dentro de las diversas funciones constitucionales en cabeza de la rama legislativa se encuentra la del control político, función que se materializa expresamente por la figura de la moción de censura. Esta es una herramienta con la que el Congreso de la República puede remover del cargo a los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos, por asuntos relacionados a la responsabilidad política, o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso, configurándose, así como una expresión de los famosos pesos y contrapesos en nuestro sistema democrático.
Aunque esta importante institución existe en nuestro sistema constitucional como mecanismo de salvaguarda política a las actividades del ejecutivo, resulta sumamente curioso que desde el 4 de julio de 1991 —fecha de promulgación de nuestra constitución hasta hoy— no ha logrado nunca prosperar una iniciativa de estas. Prosperar significa que el Congreso remueva del cargo al funcionario llamado a moción. Muchos hablan de que, pese a esta realidad, la moción de censura cumple con una función de presión política que lleva, inevitablemente, a la renuncia o dimisión del funcionario del alto gobierno. Por esa razón me parece oportuno hacer un análisis sobre la figura, pues esta se introdujo en la Asamblea Nacional Constituyente, pero no como una medida de persuasión, sino como una instancia de balance entre los poderes públicos.
En este entender, en los sistemas parlamentarios de donde es oriunda esta institución, la moción funciona como una verdadera sanción de carácter político, en donde se ve involucrado un término que en nuestro contexto puede resultar extraño: “la confianza”, esa que debe coexistir entre las ramas del poder público para hacer viable la cotidianidad institucional. De ahí que, cuando la confianza se rompe por conducto de la incongruencia entre los actos de gobierno y los lineamientos políticos, la moción de censura se convierte en la herramienta para hacer efectiva la responsabilidad política del funcionario.
Ahora bien, ¿en qué consiste esta responsabilidad política? No podemos confundirla con la responsabilidad penal y personal de los funcionarios por la comisión de alguna conducta delictiva —situación que debe ser juzgada por un juez especial en condición del fuero de ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos—; cuando hablamos de responsabilidad política, hablamos de la contradicción entre los actos de ejecución en cabeza de un alto funcionario que, de manera contraria con los lineamientos del Gobierno, toma decisiones en contravía a los intereses de la sociedad y encierran irregularidades en su ejecución.
Una cosa es que un ministro o alto funcionario de Gobierno cometa un delito y otra totalmente diferente es que sea errático o incongruente con sus decisiones y actuaciones como titular de una cartera, y que dichos actos comprometan la estabilidad institucional, supuesto en el que se ve configurada la responsabilidad política, y como ejemplo de ello vemos al ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue citado a moción de censura el próximo 29 de febrero en la Cámara de Representantes, por la crisis de desabastecimiento de medicamentos y retrasos en giros a las EPS (Entidades Promotoras de Salud).
Para poner un ejemplo, el Gobierno de Iván Duque alcanzó récord de mociones de censura a sus ministros y ninguna prosperó; esto debido a que siempre han existido dos factores que hacen que la figura de control político sea una jugada de “filigrana política”, en primer lugar, las coaliciones de Gobierno hacen que los grupos políticos afines conformen un bloque de defensa que impida la iniciativa y así lograr ahogarla mediante los votos de oposición que hacen fracasar la figura. Por otro lado, la coalición de oposición, en la que efectivamente se puede vislumbrar que la moción de censura va a prosperar y en la que, con plena seguridad, se cuenta con los votos necesarios para su ejecución, el mismo Gobierno, al ser consciente de esta situación, le recomienda al ministro o alto funcionario que renuncie.
Sin embargo, así algunos hablen de persecución política y otros sobre la inexperiencia y falta de conocimiento de los ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo cierto es que, en menos de dos años de mandato, ya tiene seis debates de moción de censura, es decir, más que Cesar Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana en sus gobiernos completos. ¿Será que durante este Gobierno prosperará alguna moción de censura para remover del cargo a un alto funcionario, o seguiremos romantizando esta figura?
